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«COMPILATION OF THE RESPONSES TO THE UNCTAD QUESTIONNAIRE Part I: Public Monopolies, Concessions and Competition Law and Policies COMPILATION OF THE ...»

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Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy

Geneva, 7 - 9 July 2009

COMPILATION OF THE RESPONSES TO THE UNCTAD

QUESTIONNAIRE

Part I: Public Monopolies, Concessions and Competition Law and Policies

COMPILATION OF THE RESPONSES TO THE UNCTAD

QUESTIONNAIRE

Part I: Public Monopolies, Concessions and Competition Law and Policies Albania

Argentina

Brazil

Bulgaria

Chile

Colombia

Czech Republic

Ecuador

Estonia

Finland

Germany

Greece

Grenada

Hungary

Indonesia

Japan

Korea

Latvia

Madagascar

Malawi

Mauritius

México

Morocco

Nicaragua

Pakistan

Panamá

Perú

PNG

Poland

República Dominicana

Russia

Serbia

Seychelles

Sri Lanka

Sweden

Switzerland

Thailand

Trinidad and Tobago

Tunisia

Ukraine

Uruguay

USA

Albania

1. How many and what type of concessions have been granted in your country?

What is the typical/average duration of a concession?

In accordance with the new law on Concessions (Law no 9663, dated 18.12.1006 ON CONCESSIONS) the maximum duration of a concession is 35 years. The transitory dispositions of the law state that the concessions awarded with the old law are valid with the same terms bun if renewed the dispositions of the new law apply. The new law does not give any definition of the types of concessions. Companies are generally interested in ROT and BOT types of Concessions.

2. What were the modalities for creating a concession (Public offering/tender, decree, etc.)? Is there a law in your country for the granting/termination of concessions? Are there provisions in concession agreements which allow the government to terminate the concession?

The law that regulates implementation of concessions is the law on Concessions (Law no 9663, dated 18.12.1006 ON CONCESSIONS). The Concession is granted from an ad hoc contracting authority through a competitive selection procedure supervised by the Ministry of Economy and the Public Procurement Agency.

3. Were competition concerns taken into account at the time of granting a concession? What are the competition concerns or issues that have arose from concessions in your country? Was special protection in regard to dominance, entry or price control granted to concessionaires at the time of granting a concession?

The role of the Albanian Competition Authority is mainly ex post in these cases. An exception is only in cases of mergers and Agreements that need to be excluded that have to be checked ex ante.

4. Which sectors from your economy are exempted from competition law? Which sectors or what type of concessions are under a specific regulatory oversight?

Are concessions subject to the national competition law?

All sectors fall under the scope of competition law. There are different regulatory bodies in Telecommunications, Media, Energy, etc. which have specific competences but not exclusive competences in the field of competition. Under Albanian Competition law all types of economic activity including those granted through concession fall under the scope of the law And are scrutinised if there is an Abuse of Dominant Position, Forbiden Agreement or Merger.

5. Is there evidence in your country that concessions have brought about benefits for consumers in terms of greater infrastructure, diversification, higher quality, better prices; overall consumer welfare?

In electric energy sector Albania has a good experience with concessions and a number of Small energy providers (Hydro Electro Centrals of Small Capacities) had a positive impact in diversification of energy sources, green energy (better quality) and much more energy provided to end consumers.

Argentina

1. ¿Cuántas concesiones, y de qué tipo, se han otorgado en el país? ¿Cuál es la duración habitual o media de una concesión?

En un sentido amplio, el proceso de privatizaciones de empresas y servicios públicos durante los años 90, abarcó una amplia variedad de actividades del estado en Argentina. En este contexto las concesiones fueron sólo una modalidad de las privatizaciones.

Las principales actividades involucradas en los procesos de privatización fueron telefonía fija, la generación, transporte y distribución de electricidad, transporte y distribución de gas por redes, la principal empresa petrolera del país Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el servicio agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, el servicio postal universal, gestión del espectro radioeléctrico, terminales portuarias del puerto de Buenos Aires, transporte metropolitano de pasajeros por ferrocarril en el área metropolitana de Buenos Aires y zonas aledañas, el sistema de autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires con cobro de peaje y diversas rutas nacionales por el mismo sistema, transporte de cargas por ferrocarril, terminales portuarias del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, la principal aerolínea del país (Aerolíneas Argentinas), las principales terminales aeroportuarias del país, la creación de un régimen mixto de ahorro previsional con un componente de cuenta de capitalización individual a cargo de las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), bancos de estados provinciales, etc.





En cuando a las duraciones son muy diversas desde 10 años en algunos casos, 35 años en otros, etc. Incluso a pocos años de entrar en vigencia los contratos se comenzó a generar litigiosidad por el nivel de cumplimiento o incumplimientos de las partes involucradas, es decir el Estado Nacional y el sector privado empresario. También se dieron situaciones como, por ejemplo, en el transporte ferroviario de pasajeros que transcurridos pocos años se comenzó un proceso de negociación para extender la concesión por un período sustancialmente más largo sujeto a ajustes tarifarios e inversiones distintos de los previstos en los contratos originales (este proceso en particular no se terminó de concretar).

Lo más significativo que puede mencionarse en relación a la duración de las concesiones en Argentina es que como en casi todos los aspectos de la economía argentina, la crisis financiera del período 2001-2002 tuvo un impacto significativo en los sectores de infraestructura. Los contratos de privatización y acuerdos de concesión con los inversores privados en estos sectores habían sido negociados en dólares durante el período de la convertibilidad. En el mes de enero de 2002, se puso fin a la convertibilidad a través de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario No. 25.561 y el valor del peso cayó hasta alcanzar una relación de 1 dólar = 3,9 pesos. La misma ley dispuso que los contratos de servicios públicos se pesificarían a partir de ese momento a una relación de 1 a 1 entre el peso y el dólar.

La ley también autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de servicios públicos, teniendo en cuenta factores tales como la competitividad de la economía, la calidad del servicio, los intereses de los usuarios y de los prestadores y la seguridad de los sistemas. Estos cambios fueron sustanciales en las condiciones de desempeño de las empresas privatizadas y, como se verá seguidamente, desembocó en distintos casos la reestatización de empresas.

2. ¿Cuáles fueron las modalidades empleadas para otorgar concesiones (oferta, licitación pública, decreto, etc.)? ¿Hay en el país alguna ley que rija el otorgamiento y la rescisión de concesiones? ¿En los acuerdos de concesión se incluyen disposiciones que permitan la rescisión por parte del Gobierno?

El principal instrumento legal que dio marco jurídico para todos los procesos de privatización fue la llamada Ley de Reforma del Estado N° 23.696 que entró en vigencia en agosto del año 1989.

Luego de declarar en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos (art.

1) el Capítulo II de dicha norma es el que fija los procedimientos básicos que deberían seguirse en los procesos de privatización. El requisito previo para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad perteneciera total o parcialmente al Estado Nacional es que sean declaradas “sujeta a privatización”. La declaración de “sujeta a privatización” debería ser hecha por el Poder Ejecutivo Nacional debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso.

Las modalidades de privatización contempladas explícitamente por la Ley son las

siguientes o combinaciones de ellas:

1) Venta de los activos de las empresas, como unidad o en forma separada.

2) Venta de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.

3) Locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.

4) Administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.

5) Concesión, licencia o permiso.

A su vez, la ejecución de estas modalidades se concretaría por alguno de los siguientes procedimientos o combinaciones de ellos.

1) Licitación Pública con base o sin ella.

2) Concurso Público, con base o sin ella.

3) Remate Público, con base o sin ella.

4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País.

5) Contratación directa.

En cuanto a los procesos de privatización específicos algunos fueron hechos por decretos del Poder Ejecutivo Nacional (por ejemplo telefonía fija – Decreto 62 del año

1990) otros por Leyes (por ejemplo todas las privatizaciones del sector de gas y electricidad Leyes 24.075 y 24.076 del año 1992).

Respecto de las cláusulas de rescisión, independientemente de cómo hayan sido redactadas las distintas normas de privatización, lo cierto es que por lo general se han introducido disposiciones sobre determinados compromisos que deberían asumir los adjudicatarios que se harían cargo de las empresas, por ejemplo, en términos de inversiones, mantenimiento de calidad de servicios, eficiencia operativa, traslados de ahorros de costos a las tarifas que cobraban, pago de un canon al estado, etc. Los incumplimientos de algunas de estas cláusulas o similares dio lugar a que el estado nacional tomara medidas muy concretas en ciertos sectores que en definitiva dieron como resultado que haya quitado concesiones o directamente reestatizado ciertas empresas de algunas de estas empresas. Ejemplos del primer tipo pueden ser algunas de las concesiones ferroviarias de transporte de pasajeros del Área de Buenos Aires, en tanto que se han reestatizado el servicio postal universal, los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión del espectro radioeléctrico, la principal línea aérea que opera en el país, los fondos previsionales administrados por empresas privadas (AFJP).

3. ¿Se han tomado en cuenta las consideraciones relativas a la competencia en el otorgamiento de concesiones? ¿Qué nuevas consideraciones o cuestiones se han planteado como consecuencia de las concesiones otorgadas en el país?

¿Se ha dado a los concesionarios protección especial con respecto al abuso de posición de dominio, la entrada o el control de los precios al otorgárseles una concesión?

Aún cuando no se dispone de datos sistemáticos sobre todos los procesos de privatización puede afirmarse que explícita o implícitamente hay cláusulas que contemplan cuestiones de competencia. Algunos ejemplos en este sentido pueden ser

los siguientes:

• En telecomunicaciones se mantuvo un período de diez años en los cuales se concedió el monopolio de los servicios privatizados a las empresas licenciatarias.

Luego de dicho período se abrieron a la competencia todos los servicios de telefonía fija residencial local, telefonía de larga distancia, telefonía celular, etc.

• En electricidad la integración vertical de la industria está muy restringida. Las tres empresas de transporte no pueden adquirir o vender energía eléctrica. Los generadores y distribuidores no pueden ser titulares de participaciones mayoritarias en las empresas de transporte. También existen limitaciones en cuanto a la integración horizontal en la generación y distribución.

• También en el caso del gas natural la anterior compañía estatal fue privatizada en distintas partes, dos empresas de transporte de alta presión que cubren las regiones norte y sur del país respectivamente y ocho empresas de distribución a las que posteriormente se sumó una novena.

• En la operatoria portuaria el anterior monopolio estatal sobre las terminales que realizan carga y descarga de contenedores, bultos y granel fue privatizado en distintas terminales que permitieron la competencia de las mismas.

• En el caso de la empresa estatal de petróleo y gas que operaba tanto en la exploración y explotación de petróleo y gas, refinación de hidrocarburos y venta minorista de combustibles. La privatización fue casi en su totalidad en un único bloque, a excepción de una cantidad de bocas de expendio minoristas de combustibles líquidos y parte de sus reservas de petróleo y gas por lo que la empresa privada que adquirió los activos también ostentó una posición dominante en distintos mercados del sector energético.

En los casos de empresas que prestan sus servicios en condiciones de monopolios naturales la imposibilidad de competencia fue sustituida por un esquema de precios regulados, compromisos de inversión y traslado a los consumidores o usuarios de las ganancias de eficiencia obtenidas.



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