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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Esta distribución geográfica del incremento de la violencia homicida (y como se verá más delante de las altas tasas de homicidio) responde a la lógica de las disputas entre los grupos criminales. La Región Centro cuyo eje es Guadalajara y los municipios conurbados ha sido, como se expondrá más adelante, una “zona de confort” de capos de grupos criminales, mercado importante del narcomenudeo y objetivo de interés especial del crimen organizado para actividades delictivas más allá del narcotráfico. La disputa por el control del estado comienza necesariamente en la Región Centro, sobre todo entre grupos originarios del Jalisco y no provenientes de otros estados.

El incremento de la violencia homicida en las Regiones Norte y Valles tiene que ver con la disputa entre Los Zetas, quienes han predominado además de en gran parte de la región de El Golfo del país en la región Centro-Norte. En esta región Los Zetas se ha confrontado primero con el Cártel de Sinaloa y después con el cartel dominante en Jalisco (el Cártel Jalisco Nueva Generación).

A su vez el incremento de la violencia homicida en las Regiones Ciénega y Sureste, sobre todo en los colindantes con Michoacán o cercanos, responde a la disputas entre Cártel de Jalisco Nueva Generación y los grupos criminales La Familia Michoacana y Los Templarios.

A continuación se exponen las tasas de incidencia de homicidio que correspondieron a los municipios de Jalisco en 2013 según datos del INEGI.

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Nota: La fuente de los datos de homicidio es el INEGI; los datos demográficos son estimaciones nuestras a partir de datos oficiales del INEGI de los años 2005 y 2010; los cálculos son nuestros. Se omitió el municipio San Ignacio Cerro Gordo de reciente creación a falta de datos demográficos precisos

La anterior tabla revela:

 Cuarenta y ocho municipios presentan tasas de homicidios superiores a la nacional y 49 superiores a la del Estado de Jalisco  Veintiún municipios tienen tasas del doble de la nacional o más.

 Los municipios con las tasas más elevadas son de las regiones Norte, Centro, Ciénega y Valles.

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1.1.4 Incidencia de delitos federales Por definición los delitos federales son aquellos que busca prevenir y perseguir la federación y no los gobiernos locales (estatales y municipales), pero no porque no afecten a estas últimas entidades del Estado, sino porque el poder central estaría en mejores condiciones de enfrentarlos.

Algunos de los delitos federales afectan ciertamente al ámbito estricto del gobierno federal, como es el robo de combustible de PEMEX (bajo control federal). Pero hay otros delitos (como el secuestro, el robo con violencia del transporte de carga en carreteras principalmente, por ejemplo) que afectan tanto a la sociedad como a los diferentes órdenes de gobierno, cuando son cometidos por organizaciones criminales que operan en forma permanente y no limitan su actividad a un estado o municipio.

Desde 1996, cuando se aprobó la ley federal contra la delincuencia organizada, el ámbito de competencia del ministerio público federal quedó principalmente definido precisamente por los delitos cometidos por las grandes organizaciones criminales (tanto narcotráfico como otros que cometían según la lógica de “empresa criminal”). Pero ello no significaba que los gobiernos locales se abstuvieran de actuar contra integrantes de esas organizaciones si cometían delitos del fuero común (homicidios, privaciones ilegales de la libertad). En todo caso esa intervención cesaba en el momento en que el ministerio público federal decidiera ejercer atracción en forma discrecional (salvo en el caso del narcotráfico que es en cualquier caso es del ámbito federal, salvo recientemente el narco-menudeo, cuyo ámbito es mixto).

El problema con los delitos federales, sobre todo con el narcotráfico, es que se carece de un “testigo”, de uno o más particulares afectados que denuncien los delitos sufridos, como sí sucede con la gran mayoría de los delitos del fuero común. Ante la ausencia de la denuncia de las víctimas, los delitos federales que figuran en la estadística oficial distan mucho de ser los realmente ocurridos y sólo se trata de aquellos respecto a los cuales el ministerio público decide iniciar averiguaciones previas, las cuales suelen ser muy pocas en comparación con los delitos federales realmente ocurridos.

En realidad las cifras oficiales sobre delitos federales no expresan otra cosa que decisiones políticas sobre hechos delictivos ante los cuales iniciar averiguaciones previas o no.

Igualmente el que esas averiguaciones fructifiquen o no depende de decisiones políticas, que en no pocas ocasiones están movidas por móviles corruptos. Esto no significa que la estadística sobre delitos federales sea completamente inútil, pues muchas veces sus omisiones revelan el sentido de la estrategia gubernamental.

A diferencia de los delitos del fuero común, respecto a los federales las encuestas de victimización no son adecuadas (dada la carencia de víctimas claramente identificables). Sin

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embargo sí hay métodos para reconocer la mayoría de delitos que las cifras oficiales, lo cuales no se han puesto en práctica en México.





Además la forma en que la estadística está presentada, con insuficiente desagregación, no ofrece el panorama completo que pudiera revelar mejor las decisiones de iniciar averiguaciones previas. Por ejemplo, la estadística del SNSP no indica cuantas averiguaciones se inician por el robo de combustible de PEMEX o por secuestro.

Aclarado todo lo anterior cabe analizar la estadística de los delitos federales, pero no de todos sino de los siguientes tipos de interés para el presente estudio: narcotráfico, relativos a la ley de armas y explosivos y los considerados en la ley contra la delincuencia organizada (con exclusión de narcotráfico) pese a no estar desagregados.

Como se expone en la tabla 22 en 2014 respecto a narcotráfico (con exclusión del narcomenudeo) se habrían iniciado 8,339 averiguaciones previas en el país, lo que da una tasa de

7.09 por cada 100 mil habitantes.

En dicha tabla se expone que con 965 averiguaciones abiertas por narcotráfico y con una tasa de 12.51 por cada 100 mil habitantes, Jalisco aparece en el octavo lugar nacional de incidencia. El que Jalisco figure entre las ocho entidades con mayor incidencia de narcotráfico, junto con estados como Tamaulipas, Baja California o Sinaloa parece un dato consistente.

Sin embargo cuando se analizan las cifras, resulta que de las 8,339 averiguaciones previas abiertas por narcotráfico en el país, solo la cuarta parte (2,112) corresponden con modalidades realmente graves del delito (producción, tráfico, transporte, comercio).

En la tabla 23 se exponen las tasas que corresponden a esa cuarta parte de las averiguaciones previas por narcotráfico y entonces Jalisco figura con 92 casos y una tasa de

1.19 por cada 100 mil habitantes, inferior incluso a la nacional (2 por cada 100 mil habitantes) y la coloca en la posición 19 entre las 32 entidades federativas, ordenadas de mayor a menor incidencia.

Es obvio que estas cifras no reflejan la realidad del narcotráfico ni en Jalisco ni en el país.

Fuentes de información distintas a estas estadísticas revelan el papel estratégico que Jalisco tiene en el narcotráfico, no sólo como parte de las rutas del trasiego, sino como estado productor, sobre todo de metanfetaminas, al grado de ser considerada la entidad federativa con la producción más elevada de esta droga ilícita y el principal proveedor de la misma al mercado estadounidense.

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Fuente: SNSP Pero como ya se indicó, las cifras oficiales no son completamente inútiles y revelan aspectos de las políticas del Estado mexicano, principalmente del gobierno federal. Es evidente que el esfuerzo contra el narcotráfico en Jalisco es exiguo y que los narcotraficantes pueden

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operar en el estado con pocas dificultades. Y esto se confirma cuando se consideran además las cifras de averiguaciones previas por narcomenudeo.

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Con 58 averiguaciones previas por narcomenudeo y una tasa de 0.75 por cada 100 mil habitantes, Jalisco ocupa la posición 24 en la incidencia de este delito, según cifras oficiales.

De nuevo estas cifras no reflejan la realidad de la incidencia sino del pobre esfuerzo contra el narcotráfico (o hasta la protección a los narcotraficantes). Sin duda el nivel de narcomenudeo más elevado en el país se da en Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, México y Distrito Federal, pero después de ellos sigue Jalisco.

Tabla 25 Incidencia de delitos considerados en la ley contra la delincuencia organizada (excepto narcotráfico) en las entidades entidad federativa en 2014

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Respecto a los delitos considerados en la ley contra la delincuencia organizada (con la exclusión del narcotráfico) con 47 averiguaciones previas y una tasa de 0.61 por cada 100 mil habitantes (inferior a la nacional de 1.08) Jalisco aparece en la posición 18 entre las 32 entidades federativas. Otra vez las cifras no reflejan la realidad de la incidencia, dada la importancia de Jalisco no sólo en el esquema del narcotráfico sino del crimen organizado en general.

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Respecto a los delitos considerados en la ley de armas y explosivos con 1,447 averiguaciones previas y una tasa de 18.75 por cada 100 mil Jalisco aparece en la posición 9 entre las 32 entidades federativas. Estas cifras parecen en principio más cercanas a la realidad criminal de Jalisco, pero siempre y cuando expresen no los casos de simple portación de armas sino las que tienen que ver con los sicarios y si se toman las cifras como uno de los indicadores de la capacidad de violencia de los grupos criminales.

En tal caso parece poco probable que Colima, Sonora y San Luis Potosí presenten tasas más elevadas que Jalisco, aun considerando que esas tres entidades federativas han enfrentado problemas crecientes relativos al poder de los grupos criminales precisamente.

1.2 Las manifestaciones del crimen organizado 1.2.1 Guadalajara capital del narco y zona de confort de capos El narcotráfico en México ha cumplido poco más de un siglo en México, pero en la vertiente de producción durante las primeras décadas se concentró en una región bien delimitada del país: el llamado “Triángulo de Oro”, conformado municipios rurales y en su mayor parte serranos de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En esta región se desarrolló y asentó, por un lado el cultivo de la flor de la amapola o adormidera, la extracción de la goma de opio y su conversión en heroína y, por otro, la producción de mariguana. En otros estados también se presenta el cultivo de estos estupefacientes, pero sin tener la importancia del Triángulo de Oro. Además estaban las localidades de los estados que hacían frontera con Estados Unidos y que eran el paso obligado del contrabando de drogas.

Hasta mediados de los años setenta el narcotráfico en Jalisco era poco relevante, pero no inexistente. Caciques asociados con narcos ya obtenían ingresos extras con la amapola y la marihuana. Pero entonces muy pocos habrían imaginado lo que vendría.

Súbitamente la capital del estado, Guadalajara, se convirtió en capital nacional del narcotráfico, en uno de los principales ejes del esquema internacional de esta actividad criminal y la ciudad dio su nombre a una organización criminal, quizás la única en México y de las muy pocas en el hemisferio occidental que merece el nombre de cartel.

Para comprender como se llegó a eso resulta necesario remontarse unos años atrás de 1978 (cuando surge el Cartel de Guadalajara) y revisar brevemente los cambios que estaban

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teniendo lugar en el mercado internacional de narcóticos, su impacto en México y los cambios que se estaban experimentando en el propio país en los ámbitos político y policíaco15.

Hasta los años cincuenta del siglo XX la producción de heroína y otros opiáceos así como de marihuana tenía un volumen limitado. El mercado interno era muy pequeño y la mayor parte de la producción iba al mercado estadounidense, cuya magnitud era mucho mayor a la del mercado mexicano pero mucho menor al que tendría a partir de los años sesenta del siglo XX. Además y pese a la cercanía geográfica, respecto a los opiáceos el mercado estadounidense tenía como fuentes de abastecimiento al sureste asiático y Turquía, además de México.

Desde inicios de dicha década el mercado de drogas se fue masificando, como consecuencia de dos fenómenos que hasta ahora no se ha podido establecer con una causa común y debemos suponer eran independientes: la llamada “epidemia de la heroína”16 y la atracción por las drogas psicoactivas con fines recreativos por parte de los jóvenes principalmente de universidades, atracción que era parte esencial de la llamada “contra-cultura”17.

Ante el boom de la demanda, los narcotraficantes que proveían al mercado estadounidense vieron multiplicadas sus ganancias. De pronto el narcotráfico era un mejor negocio ilícito del que había sido jamás. Y esto no pasó desapercibido a los políticos, mandos policiales y mandos militares que se habían venido beneficiando de la protección a esta actividad ilícita.

En la manera en que el narcotráfico se desarrollaría en los siguientes años la figura clave fue sin duda Leopoldo Sánchez Celis (gobernador de Sinaloa entre 1963 y 1968), un político estrechamente vinculado con el ex presidente Lázaro Cárdenas (quien siguió siendo muy influyente en la política nacional tras dejar la presidencia de la república) y con la izquierda fuera del PRI. Sánchez Celis veía en el narcotráfico una creciente fuente de ingresos tanto para su enriquecimiento personal como para financiar sus aspiraciones de poder, entre las que no descarta la de ser algún día presidente del país y establecer en México un gobierno como el de Salvador Allende en Chile.



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