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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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 La sociedad civil en Jalisco desarrolla una decidida presión para que el Estado recupere su plena soberanía en la entidad, se abata la incidencia criminal y la impunidad y las instituciones de seguridad sean íntegras y eficaces.

Desarrollo:

–  –  –

 Ante los ataques sufridos por la Gendarmería Nacional y la Fuerza Única Jalisco (FUJ) y antes el ejército, el gobierno federal decide incrementar el despliegue de fuerzas federales en el estado, con el propósito principal de capturar a Nemesio Oceguera, máximo líder del CJNG, pero a partir de ahí proceder a la completa desarticulación del grupo y en particular de sus bandas de sicarios. Asimismo conmina al gobierno estatal a prestar toda la colaboración con este esfuerzo.

 Se repiten ataques del CJNG contra Gendarmería Nacional y FUJ, así como atentados contra jefes policiales, funcionarios de los gobiernos estatal y municipales y personajes políticos.

 El líder del CJNG es capturado o muerto durante el intento de captura, lo que da lugar a violentas reacciones como bloqueos a vías de comunicación, atentados con disparos y explosivos contra instalaciones públicas. Estas acciones también tienen lugar en Colima, Nayarit, Guerrero y Michoacán.

 El gobierno federal mantiene su decisión de continuar una acción sostenida y creciente contra los grupos criminales hasta su completa desarticulación.

 Al mismo tiempo el gobierno federal apoya al gobierno del estado para con la especial participación de la Fiscalía General y la FUJ se abata la incidencia de delitos del fuero común y los niveles de impunidad.

 Se producen escisiones en el CJNG. Surge una facción favorable a menor beligerancia frente a agentes del Estado y a bajo perfil público (al estilo de Ignacio Coronel).

 Ante la división del CJNG se reaniman otros grupos criminales en particular La Resistencia.

 Se intensifican los choques y las ejecuciones entre el CJNG, el grupo escindido y La Resistencia en una primera fase. Pero la acción del gobierno federal logra la reducción de enfrentamientos y asesinatos a su mínima expresión en el largo plazo.

 Al mismo tiempo se reduce la participación de los grupos criminales en delitos más allá del narcotráfico hasta su completa eliminación hacia el final del periodo.

 Se ponen fin a los esquemas de protección de narcotraficantes. Guadalajara ya no es considerada zona de confort ni Jalisco es el principal estado en lavado de dinero.

 Como resultado de todo lo anterior Jalisco tiene un crecimiento más dinámico de su economía y se vuelve un imán para las inversiones.

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5. Propuestas de medidas preventivas y correctivas para conjurar el riesgo El tercer escenario prospectivo descrito en el capítulo anterior es el desenlace que deseamos tenga la situación que ha venido enfrentando Jalisco. En el presente y final capítulo exponemos nuestras propuestas para lograrlo.

Las propuestas son de dos grandes tipos: aquellas que nos parecen idóneas para conjurar el riesgo hemos venido analizando; y aquellas que bajo cualquier circunstancia son recomendables para contar con un sistema de justicia penal en condiciones óptimas.

Respecto al primer tipo de medidas cabe hacer cinco advertencias Primera: La amenaza que Jalisco enfrenta no se va resolver con las típicas medidas superficiales y con fines propagandísticos de “descabezamiento”, es decir, de captura o muerte de jefes las organizaciones criminales, mientras las estructuras de estas permanecen intactas y generan nuevas cabezas.

Segunda: No puede haber una intervención eficaz si no se reconoce, aunque sea de modo implícito, que hay un peligro real de que Jalisco eventualmente siga la ruta de Michoacán, Tamaulipas o Guerrero.

Tercera: Debe rechazarse cualquier intención de que el Estado mexicano eluda sus responsabilidades y los gobernantes reincidan en esa suerte de manía por el “vicariato criminal”, es decir, dejar que criminales se encarguen de acabar con criminales, pues eso es exactamente lo que nos tiene aquí. El monstruo que hoy son los grupos criminales y en particular el CJNG, no es sino el resultado de dejar que Mata-Zetas se ocupen de Zetas.

Cuarta: La intervención del Estado para restaurar su monopolio sobre el uso de la fuerza o

soberanía tiene que ser con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos:

sin ejecuciones extrajudiciales, sin desapariciones forzadas e involuntarias, sin tortura, sin detenciones y cateos ilegales, sin represalias contra personas inocentes.

Quinta: El problema trasciende las capacidades y responsabilidades del gobierno del estado: es indispensable y preminente la intervención federal. Esto tampoco significa que el gobierno estatal se cruce de brazos. Por el contrario: debe comprometerse con el esfuerzo del gobierno federal con toda su voluntad política y hasta el límite de sus capacidades.

Respecto al segundo tipo de medidas cabe hacer también cinco advertencias:

–  –  –

Primera: Por sistema de justicia penal deben entenderse las acciones de las instituciones públicas que van desde la policía uniformada hasta el ministerio público (o fiscalía), la judicatura especializada en derecho penal, las dependencias encargadas de la ejecución de sentencias penales y las que tienen que ver con la reinserción social de los sentenciados.





Segunda: La causa verdadera de que suba la incidencia criminal, presente un nivel relativamente inaceptable para la comunidad y se produzcan crisis de seguridad pública, es que el Estado en general (y su sistema de justicia penal en particular) ha fallado en su función primordial, que es precisamente controlar al crimen. Todas las demás razones, sobre todo de carácter socio-económico, que suelen ofrecerse para la inseguridad son falsas y con frecuencia se utilizan para eludir las responsabilidades de gobernantes y servidores públicos.

Tercera: La responsabilidad primordial de la seguridad pública recae en primer lugar en la policía, a la cual corresponde prevenir el crimen. Cuando esa primera línea de defensa falla, corresponde a los demás componentes del sistema de justicia penal subsanar la situación, en primer lugar al ministerio público o fiscalía, responsable de la persecución de los delitos.

El no dejar impunes los delitos que de cualquier modo ocurren y seguirán ocurriendo es decisivo para prevenir el crimen, pues la impunidad es un poderoso factor criminógeno.

Cuarta: El sistema de justicia penal, como todo sistema, se basa en un conjunto de incentivos. Si los incentivos son erróneos o incluso perversos, al sistema será necesariamente disfuncional. En tal sentido la principal razón por la cual falla el Estado y falla su sistema de justicia penal es porque sus responsables no enfrentan consecuencias por ello. En México la permanencia en los cargos de la policía y la procuración de justicia (aunque, claro, no sólo en esas áreas) no dependen del desempeño, de los resultados, sino de cualesquiera otra consideración.

Cinco: El segundo tipo de medidas para enfrentar la amenaza de una fuerza (criminal) que disputa al Estado el monopolio de la fuerza, serán ineficaces si el sistema de justicia penal no es reformado profundamente para que, además de íntegro, sea eficaz y eficiente, de modo que la permanencia en los cargos esté atada a los resultados. Sin tal reforma, las crisis como la presente, regresarán una y otra vez y con mayor virulencia.

Las medidas que proponemos a continuación se desprenden en estricta lógica del análisis hasta aquí expuesto y se presentan en dos apartados: la intervención para recuperar la potestad exclusiva del Estado sobre el uso de la fuerza y la reforma del sistema de justicia penal basado en la responsabilidad.

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A. Intervención para recuperar la potestad exclusiva del Estado sobre el uso la fuerza

1. El gobierno federal debe realizar una intervención para poner fin a las milicias de los

grupos criminales en Jalisco y no sólo la detención de algunos de sus líderes, lo cual supone:

 Identificar a todas las células e integrantes de dichas milicias.

 Identificar todas sus casas de seguridad, centros de exterminio, fosas clandestinas para la inhumación de cadáveres, campos de entrenamiento, talleres y en general todas las instalaciones, vehículos equipos y recursos que utilizan.

 Detener y acusar penalmente a todos los integrantes de dichas milicias.

 Asegurar todo el armamento, municiones, vehículos, instalaciones, recursos financieros y demás pertrechos utilizados por las milicias.

2. Confinar a todos los detenidos en penales federales de alta seguridad.

3. Someter a investigación y en su caso detener y acusar penalmente a servidores públicos de los tres niveles de gobierno que hayan prestado colaboración a las milicias.

4. Poner fin a la comisión de delitos más allá del narcotráfico por parte de los integrantes de los grupos criminales, en particular en el robo de combustible, robo al transporte, robo

de vehículos, extorsión y secuestro, lo cual supone:

 Identificar a todos los involucrados en estos ilícitos.

 Identificar todas sus casas de seguridad y en general todos los recursos que utilizan para estos ilícitos.

 Identificar sus modus operandi y principales áreas de influencia para lograr su captura en flagrancia o mediante la ejecución de mandamientos judiciales.

 La PGR debe ejercitar en todos estos casos su facultad de atracción por delincuencia organizada, a fin de lograr sentencias más altas.

 Detener y acusar penalmente a todos los integrantes de los grupos criminales que participan en estos ilícitos.

–  –  –

 Asegurar todas las casas de seguridad y demás recursos utilizados por los integrantes de

5. Definir con precisión las responsabilidades y tareas del gobierno estatal en esta intervención.

6. Establecer metas y plazos perentorios de cumplimiento de esta intervención para todos los involucrados.

B. Reforma del sistema de justicia penal basado en la responsabilidad

7. Reconsiderar la pertinencia de que la Fuerza Única Jalisco dependa de la Fiscalía General del Estado.

8. Establecer como principio rector de la Fuerza Única Jalisco que la permanencia en todos los cargos depende del cumplimiento de metas de reducción de los delitos a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes no cumplan, incluyendo la separación del

cargo o de la corporación, lo cual supone:

 Definir con precisión las áreas de responsabilidad de cada mando y de cada elemento, para que se les puedan asignar metas igualmente precisas.

 Realizar una auditoría operativa para establecer con precisión cuantos son los delitos que realmente registra la Fiscalía General del Estado, a fin de lograr plena certidumbre y credibilidad de las cifras oficiales.

 Incorporar en las cifras de delitos del fuero común no sólo los registrados por la Fiscalía General del Estado sino los de otras fuentes públicas y fuentes alternativas de información.

 Considerar la pertinencia de que el registro de los delitos se haga por parte de la policía, como es el la práctica en la mayor parte del mundo.

 Incluir en las metas no sólo los delitos registrados por las autoridades públicas sino también la cifra oculta reconocida por las encuestas de victimización  Realizar en su caso con la colaboración del INEGI una encuesta de victimización con representatividad municipal, al menos de los municipios más poblados o en los que se registra mayor incidencia según cifras oficiales.

–  –  –

 Fijarse metas también de reducción de violaciones de derechos humanos y de mejora de la confianza de la comunidad en la policía.

 Desarrollar el programa de profesionalización de la policía que mediante salarios, prestaciones y capacitación continua reconozca el elevado valor de la función policial.

 Promover un programa para dotar a la policía de todos los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, con prioridad presupuestal sobre cualquier otro rubro.

9. Establecer como principio rector de la Fiscalía General del Estado que la permanencia en todos los cargos depende del cumplimiento de metas de abatimiento de la impunidad en plazos perentorios, así como de cumplimiento de elevados estándares de productividad en términos de ejecución de mandamientos judiciales, investigaciones y condenas, con sanciones para quienes no cumplan, incluyendo la separación del cargo o de la institución,

lo cual supone:

 Realizar una auditoría operativa para establecer con precisión cual es el grado de rezago en la ejecución mandamientos judiciales.

 Realizar un estudio para determinar el grado de productividad en solicitud y obtención de mandamientos judiciales, debida realización de averiguaciones previas y obtención de sentencias condenatorias.

 Definir con precisión las áreas de responsabilidad de cada mando y de cada elemento, para que se les puedan asignar metas igualmente precisas.

 Fijarse metas también de reducción de violaciones de derechos humanos y de mejora de la confianza de la comunidad en la Fiscalía.

 Desarrollar el programa de mejora profesional de la Fiscalía General del Estado que mediante salarios, prestaciones y capacitación continua reconozca el elevado valor de la persecución del delito y su contribución a la prevención.

 Promover un programa para dotar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de todos los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, con prioridad presupuestal sobre cualquier otro rubro (sólo a la par de la policía).

10. Completar antes del término del plazo el proceso de establecimiento en el estado del nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral.

–  –  –

Notas y fuentes Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal; La violencia en los municipios

y en las entidades federativas de México (2014); 9 de febrero de 2015; en:



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