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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Ese componente ya está presente en Jalisco. Los grupos de sicarios existen desde por lo menos inicios de los años noventa, pero se vuelven más numerosos a partir de la escalada nacional de la violencia iniciada en 2008 y sobre todo desde 2010, tras la muerte de Ignacio Coronel.

Entre 2008 y 2013 al menos 4 mil personas fueron asesinadas en Jalisco como resultado de las disputas entre narcotraficantes. Esta mortandad fue causada por grupos de sicarios cuyo tamaño exacto no se conoce pero cuya letalidad es evidente.

Por fotos y videos de reuniones que el propio CJNG ha difundido, su grupo de sicarios podría estar constituido por entre 300 y 400 pistoleros, quienes poseen un gran poder de fuego pues dispone además de los tradicionales fusiles de asalto de ametralladoras calibre.50 y granadas propulsadas por cohetes. En octubre de 2014 la policía aseguró en Guadalajara dos talleres en los que se fabricaba fusiles de asalto116.

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Asimismo el CJNG dispone de entre 300 y 400 sicarios más en los estados de Colima, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

Es cierto que ha habido numerosas detenciones y muertes de capos, jefes operativos y sicarios de los grupos criminales. Pero es también cierto que los grupos de sicarios siguen operando, que su acción ha sido tolerada por el Estado y mantienen sus estructuras.

Un segundo elemento de esta fase del proceso y que se deriva del primero es que ante la “escalada de los homicidios los agentes del Estado dejen correr la violencia”. La evidencia de ello son las mismas cifras de homicidios: atribuibles a los grupos criminales: hubo 65 en 2008, pero para 2011 llegaron a 1,065.

Ahora bien las tasas de homicidios en Jalisco están lejos de las alcanzadas por Chihuahua, Baja California, Guerrero e incluso Tamaulipas. Entre 2010 y 2013 son similares a las de Michoacán, entidad que sí alcanzó de Estado fallido, porque pese a sus tasas no tan altas de homicidios presentó casi todos los componentes del proceso.

Por otro lado si la tasa de Jalisco no es tan alta hay dos aspectos a considerar: su elevado crecimiento en un periodo corto (221% entre 2007 y 2011); ese aumento responde a la violencia organizada; si la mortandad no es mayor es porque el CJNG no necesitó asesinar a más pues ya había logrado sus propósitos de hegemonía.

El tercer elemento de esta fase del proceso consiste en que “se permita que los grupos criminales capturen corporaciones policiales y otras instituciones públicas”.

Tal no parece el caso de Jalisco aún, aunque han sido detenidos policías por servir a los grupos criminales y en cuando menos los municipios de Cocula y Casimiro Castillo el CJNG ya había logrado la captura de las policías municipales, tanto como para que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz ordenara el desarme de los agentes.117 Tampoco pueden ignorarse los señalamientos que hay respecto a que el anterior Secretario de Seguridad Pública de Jalisco y actual Fiscal general (quien además controla a la policía preventiva), Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, está vinculado al CJNG.

Es cierto que esos señalamientos no han sido probados, pero también que el resultado neto de la gestión del funcionario, primero como secretario de seguridad pública y ahora como Fiscal, no es la contención o debilitamiento de los grupos criminales, sino lo contrario. Si la tarea de la policía preventiva es precisamente prevenir el crimen, el disparo de la violencia bajo la gestión de Nájera indica que él no cumplió con su cometido principal.

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Es una incógnita por despejarse las razones por las cuales fue apoyado por el gobernador Aristóteles Sandoval como Fiscal y además con más poder, al seguir controlando la policía preventiva.

Un elemento más de esta etapa del proceso “es cuando la baja de la violencia no es resultado de la intervención del Estado que restablece el estado de derecho, sino de un grupo criminal se impuso a los rivales”.

A falta de los datos del INEGI sobre homicidios, no hay certeza de que en 2014 se haya producido una baja sustancial de este delito como indica la estadística del gobierno del estado.

Pero en caso de ser así no hay elementos para afirmar que la baja sea resultado de la acción del gobierno estatal, del gobierno federal o de ambos. Lo que sí es un hecho es que el CJNG se ha terminado de volver hegemónico en el estado pese a la detención de algunos de sus líderes. Por tanto lo más probable es que si hay coyunturalmente menos violencia es porque esta organización criminal se ha impuesto a sus adversarios.

En el modelo se establece como un elemento de complicación del cuadro cuando el Estado “tolera que los grupos criminales ejerzan control territorial”. Este no es el caso en Jalisco, al menos no se ha repetido el control que han tenido los grupos criminales sobre carreteras y demás vías públicas en Tamaulipas.

Los bloqueo de vías de comunicación por unas horas como los sucedidos a partir de 2011 no llegan a calificar como control territorial, pero apuntan en ese sentido.

Un segundo elemento de complicación consiste en la agresión de los grupos criminales contra agentes del Estado y la reacción de este de “en lugar de actuar para el desmantelamiento de las milicias privadas de los grupos criminales permita impunidad o sólo actúe contra los autores materiales de los atentados”.





La beligerancia del CJNG se ha hecho evidente desde el inicio del mandato del gobernador Aristóteles Sandoval cuando asesinó al Secretario de Turismo estatal J. Jesús Gallegos Álvarez. Después se produjo el asesinato del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez, en agosto de 2014 y el del diputado federal, Gabriel Gómez Michel en septiembre de 2014. Esta ejecución no ha sido revindicada por el CJNG, pero es muy probable que sea de su autoría En esta línea de agresión se inscriben: el asesinato cuatro soldados en Guachinango en mayo de 2014; la ejecución de cinco elementos de la Gendarmería Nacional en el municipio de Ocotlán en marzo de 2015; el atentado contra el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga ocurrido el 31 de marzo de 2015 y la emboscada y

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asesinato de 15 agentes de la Fuerza Única Jalisco el 7 de abril de 2015 en el municipio de San Sebastián del Oeste.

Hasta ahora la respuesta de los gobiernos federal y estatal no ha sido la de una acción para desmantelar al CJNG o al menos su fuerza de sicarios, sino a lo sumo detener a los ejecutores materiales de esos crímenes.

3.2 Segunda fase de descomposición: pérdida del monopolio de las exacciones El rasgo distintivo de esta fase del proceso es que los grupos criminales establecen un expolio masivo de la población hasta volverse generalizado.

Esto tampoco es el caso de Jalisco, si bien hay una tendencia hacia ello desde el momento en que los grupos criminales han dejado de dedicarse exclusivamente al narcotráfico. El CJNG tiene un fuerte interés en el robo de combustible de PEMEX ya ha incursionado en la extorsión, el robo al transporte de carga, robo de vehículos, la minería ilegal y la tala clandestina.

Nada impide que el CJNG decida escalar su acción delictiva más allá del narcotráfico y empiece a abusar masivamente de la población. El discurso del grupo criminal de que no actúa contra inocentes no es creíble, precisamente porque ha desbordado el marco del tráfico de drogas.

En el esquema general se consideran tres elementos de complicación de la segunda fase:

“Se tolera el disparo de los índices de delitos del fuero común.

“Se pacta con los criminales para supuestamente apoyar a los menos malos contra los más abusivos contra la población inocente.

“Los gobernantes y servidores públicos (sobre todo locales) que protegen a los grupos criminales pasan del papel de protectores al de sirvientes”.

Respecto al primer elemento quepa reiterar que mientras las cifras oficiales del gobierno

estatal indican una baja en los delitos en 2014 (mientras que crecieron entre 2009 y 2013):

las cifras de fuentes alternativas incluyendo las de encuestas de victimización indican que no hay baja y que la incidencia criminal es mucho mayor a la que reconocen las cifras oficiales. Por supuesto el gobierno de Jalisco no tiene (al menos de forma explícita) metas

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de reducción del delito del fuero común (incluyendo la cifra oculta que reconocen las encuestas de victimización).

La alta incidencia criminal es mala en sí misma para la calidad de vida de la población y favorece a los grupos criminales en detrimento de la soberanía del Estado.

Además y como en su momento se apuntó las tasas de impunidad son altas en Jalisco.

3.3 Tercera fase descomposición: “normalidad” de la irregularidad y falta de respuesta adecuada a la crisis La tercera fase del proceso se caracteriza por que pese a que el Estado ha perdido los monopolios de la violencia y las exacciones y los gobiernos locales han mostrado o no estar interesados o no ser capaces de remediar esta situación, el gobierno federal –que sería el último recurso del cual echar mano- no interviene o sus intervenciones son simuladas o superficiales.

Por supuesto Jalisco no se encuentra en la condición de Estado fallido y no se han

completado las fases uno y dos del proceso. Pero son evidentes tres cosas:

 El gobierno de Jalisco no ha demostrado que esté teniendo éxito en actuar sobre los factores que eventualmente podrían conducir a la entidad hacia la condición de Estado fallido.

 Ante ello no hay razón para que el gobierno federal no emprenda una intervención preventiva, en lugar a que las cosas se descompongan más.

 Esa intervención no se ha producido ni hay señales de que vaya a producirse. Lo único que el gobierno federal ha hecho es enviar algunos elementos más de las fuerzas federales para reforzar la vigilancia y proponer que Jalisco sea uno de los primeros estados en donde desaparezcan las policías municipales y se cree una sola policía estatal.

Asimismo hay una serie de elementos que resultan especialmente preocupantes:

1. La existencia de milicias privadas del crimen organizado que operan con relativa impunidad.

Los más de 4 mil muertos que ha cobrado la acción de los grupos criminales en Jalisco desde 2008 no se produjo en forma espontánea, sino organizada, mediante milicias debidamente financiadas, adiestradas y armadas.

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Una condición indispensable, si bien no suficiente, para los procesos de descomposición que se ha vivido en las seis entidades federativas analizadas, es precisamente la existencia de esas milicias (de sicarios).

Aun cuando no hay información precisa sobre la magnitud de esas milicias en todo el país, las que existen en Jalisco es evidente que no cuentan con el número de pistoleros y con el poder de fuego de las que en diferentes momentos operaron en Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero. Pero si son parecidas a las que en su momento operaron en Nuevo León, Michoacán y Baja California (sin la variante de la desaparición y eliminación de restos de cientos de personas habidas en Tijuana).

El hecho de que estas milicias no hayan matado a más personas y las tasas de homicidios en Jalisco sean más bajas que en los otros estados (con excepción de Michoacán) no significa que esas milicias no sean tan letales como las otras, simplemente que no tuvieron necesidad de matar a más para lograr sus propósitos.

2. Las milicias privadas desafían y confrontan al Estado

Los bloqueos a vías de comunicación que desquiciaron a Guadalajara en 2011 y 2012 (y en menor medida en 2013 y 2014) van más allá de los que tuvieron lugar en 2010 cuando la crisis estalló en Monterrey. Aunque este desafío es menor a los atentados simultáneos contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en octubre de 2013 en 12 municipios de Michoacán a cargo de Los Templarios.

Los atentados contra funcionarios del gobierno estatal, un diputado federal, un presidente municipal y ex presidentes municipales ocurridos en Jalisco entre 2013 y 2015, guardan similitudes con los que los grupos criminales cometieron en Michoacán. Hay similitudes también con el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas en 2010 y con los atentados contra presidentes, ex presidentes municipales y un diputado federal en Guerrero entre 2008 y 2012.

El asesinato de cuatro soldados, cinco agentes de la Gendarmería Nacional y 15 agentes de la Fuerza Única Jalisco entre 2014 y 2015, equivale al desafío que significó en 2009 la ejecución de 14 policías federales en Michoacán por parte de La Familia.

3. Los grupos criminales han trascendido al narcotráfico y buscan apropiarse de rentas de origen lícito Los grupos criminales (el CJNG en particular) están empeñados en robar combustible de PEMEX y han reaccionado con extrema violencia ante los intentos de autoridades locales o federales de ponerles un freno. Participan también en diversos robos.

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No hay razón para que no den el siguiente paso y traten de implantar un esquema de expolio contra la población mediante el cobro generalizado de derecho de piso, secuestros, robo sistemático y despojo.

En tal sentido Jalisco está más cercano a al esquema de expolio de lo que estuvo Baja California en su peor momento.

Respecto a este tema Jalisco presenta una situación similar a la que en 2005-2006 presentaban Tamaulipas y Michoacán así como la Guerrero hacia 2011.

4. No hay una respuesta eficaz del Estado ante este desafío La persistencia de las milicias de los grupos criminales, los atentados contra agentes del Estado y la expansión hacia actividades más allá del narcotráfico demuestran que los gobiernos estatales pero también el federal no han dado una respuesta eficaz al desafío que esta fuerza emergente representa.

Si cuando las seis entidades federativas analizadas en el capítulo anterior presentaban un cuadro similar al de Jalisco actualmente el gobierno federal hubiera intervenido, ninguna de ellas habría caído en la condición de Estado fallido.

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