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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Además cada una de las dos organizaciones criminales ha sufrido numerosas escisiones. Un jefe controla una plaza durante un par de años o unos meses hasta que es detenido o asesinado.

El nivel de violencia homicida en Tamaulipas ha sido menor al de Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa y Guerrero en los últimos cinco años. Pero en Tamaulipas el nivel de la violencia contra inocentes ha sido comparativamente mayor al resto de los estados. En Tamaulipas han tenido lugar horrendas masacres como la de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010 o de 193 migrantes nacionales y extranjeros en abril de 2011. Entre 2010 y 2013, aproximadamente mil personas inocentes fueron asesinadas.

Hay más de un millar de desaparecidos, en su gran mayoría personas inocentes.

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Esta violencia no ha sido ciega, ha tenido el deliberado propósito de sembrar terror entre la población para vencer toda resistencia ante la imposición del expolio a escala masiva.

Miles y miles de propietarios de toda suerte de negocios son objeto cotidiano de cobro de derecho de piso y de derecho de paso para poder circular en carreteras y caminos.

El secuestro se masificó como nunca se había visto en ninguna jurisdicción subnacional de ningún país. En 2013 hubo al menos 3 mil secuestros (incluyendo la cifra oculta y los plagios de inmigrantes) lo que equivale a una tasa de 99 por cada 100 mil habitantes. La jurisdicción subnacional que había tenido la tasa más elevada de la historia fue el departamento colombiano de Casanare en 1999 con 40 secuestros por cada 100 mil habitantes: la de Tamaulipas fue un 250% superior.

Los robos con y sin violencia se han disparado, al igual que el abigeato. Además los grupos criminales no satisfechos con la extorsión se han dado al despojo de tierras y de negocios.

En 2013 los grupos criminales obtuvieron ganancias por más de 3,500 millones de pesos y eso sin contar el narcotráfico. Unas 700 millones correspondieron a la extorsión y 500 millones corresponden a negocios lícitos, algunos de los cuales son monopolios logrados mediante la violencia115.

En esta cuenta no entran los ingresos que los grupos criminales obtienen por obra pública que realizan mediante prestanombres y que podrían ser de miles de millones de pesos más.

De hecho uno de los motivos del asesinato de Rodolfo Torre Cantú fue el pleito por la asignación de obra pública en la que estaban involucrados los capos y los políticos locales que los protegen.

Los grupos criminales son un poder paralelo al Estado, no sólo porque han roto el monopolio de la violencia y las exacciones, sino porque además ejercen control territorial, que al menos hasta mediados de 2014 era visible. Los grupos criminales instalan retenes en caminos, carreteras y calles de las ciudades, en los que verificaban identidades de conductores y pasajeros y privan de la libertad a todo aquel que les parece sospechoso.

Los grupos criminales controlan las prisiones locales, las cuales son las más infernales del país por las prácticas de tortura, extorsión y asesinato. Ese control ha permitido la evasión de cientos de reos.

Todo esto ha sido posible en Tamaulipas porque los grupos criminales han contado con la complicidad de cuando menos los últimos cuatro gobernadores del estado, además de legisladores y presidentes municipales. De hecho los grupos criminales controlan en la mayoría de gobiernos municipales las áreas de policía, tránsito, protección civil, protección del ambiente, otorgamiento de permisos y concesiones, personal y obra pública. Además

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hay sujetos que cobran sin trabajar y entregan la mayor parte de su salario a los grupos criminales.

Los tres gobernadores anteriores al actual son investigados por el gobierno de Estados Unidos por su protección a los grupos criminales y contra uno ya hay una persecución legal.

También hay señalamientos contra el actual gobernador Egidio Torres Cantú y existe evidencia de que su hermano Rodolfo, el candidato a gobernador que fue asesinado en 2010 se reunía con los capos de los grupos criminales.

Pero esto a su vez es resultado de que el gobierno federal no ha actuado contra los gobernantes locales coludidos con los narcos ni ha hecho un esfuerzo serio, decidido y sistemático por desmantelar a los grupos criminales, sobre todo con relación a las actividades delictivas en las que se agrede a inocentes.

Las lecciones principales que ofrece el caso de Tamaulipas son:

1) La tolerancia a la violencia de los grupos criminales conduce a que sus jefes comprendan más temprano que tarde que su negocio no es el contrabando de drogas, sino precisamente la violencia y gracias a ella no sólo pueden controlar al narcotráfico sino explotar a la sociedad.

2) De ahí que incluso si el narcotráfico fuera legalizado, eso no sería el fin de los grupos criminales y su violencia, como supone una visión ingenua del problema. Esos grupos criminales seguirán en la búsqueda de rentas mediante la violencia, tanto del narcotráfico legalizado como de cualquier actividad que hoy es legal.

3) La manera en cómo ha crecido la extorsión y en general el expolio en Tamaulipas (como también fue caso en Michoacán) prueba que para los grupos criminales no hay límite en su afán de apropiarse de rentas sin que les importen consecuencias, incluso contraproducentes a sus fines. No se puede esperar que los capos y sus operadores decidan auto-contenerse ante el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro. A ellos simplemente no les importa y si matan hoy a la gallina de los huevos de oro, mañana van y buscan a otra.





4) La tolerancia al expolio ha mermado todavía más las facultades exclusivas del Estado y ha consolidado a los grupos criminales como un poder paralelo al público

5) La excusa utilizada en privado por los gobernantes para dejar correr las matanzas entre narcos es que los caídos son delincuentes y la sociedad no se ve afectada, a pesar de que hay “víctimas colaterales”. Pero la excusa corrupta es todavía más carente de razón cuando también se tolera la violencia deliberada contra inocentes.

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Con ello la cesión del Estado a su soberanía ha ido todavía más lejos, incluso si no hay acuerdo de protección con los criminales sino pura negligencia e ineptitud.

6) Como ha sido el caso en Michoacán en Tamaulipas, una vez constituidos los grupos criminales como una fuerza que disputa al Estado el monopolio de la violencia, sus jefes ya no se detienen en violentar a agentes del Estado y políticos con tal de defender sus intereses. Esto es una nueva cesión en la soberanía del Estado, y más poder para los criminales.

7) La tolerancia al control territorial de los grupos criminales ha redundado en una pérdida todavía mayor de la soberanía del Estado y en superior poder para la fuerza paralela al poder público. Si esto es grave por sí mismo, lo resulta mucho más cuando se conjuga con las cesiones del monopolio estatal de la violencia antes mencionadas.

8) Cuando los gobernantes locales protegen o simplemente dejan hacer a los grupos criminales y no hay consecuencias, se establece un incentivo perverso. Pero si ante la omisión o colusión de los gobernantes locales el gobierno federal no interviene para restablecer el estado de derecho, entonces el poder de los grupos criminales sigue creciendo al igual que el sufrimiento de la sociedad.

9) En Tamaulipas el gobierno federal se ha negado a intervenir como lo hizo en Michoacán ante situación semejante. Pero sin tal intervención el problema es simplemente irresoluble y la situación continuará deteriorándose.

10) Tamaulipas también ilustra, aunque no se trate del único caso, que la detención o muerte de jefes de los grupos criminales no son sustituto de la verdadera acción contra el crimen organizado, es decir contra sus estructuras enquistadas y maquinaria de abuso contra la población. Las detenciones y muertes de capos sólo obran como una suerte de poda al árbol del crimen organizado, que terminan por fortalecerlo. Esas podas no son más que ejercicio de simulación, de buscar aparentar ante la sociedad que “algo” se hace o para tratar de hacerle creer eso al gobierno estadounidense.

2.7 Rasgos comunes y el modelo general de degradación del estado de derecho Conforme a las experiencias relatadas los siguientes son los factores que más contribuyen

a la tendencia a caer en la condición de Estado fallido:

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1. El proceso comienza cuando el Estado renuncia a su monopolio de la violencia y tolera que los grupos criminales constituyan milicias privadas inicialmente utilizadas contra otros delincuentes.

2. Un siguiente paso es que pese a la escalada de asesinatos los agentes del Estado dejen correr la violencia.

3. Un tercer paso consiste en que además se permita que los grupos criminales capturen corporaciones policiales y otras instituciones públicas.

4. El círculo se cierra, en la fase de mera cesión del monopolio de la violencia, cuando la baja de la violencia no es resultado de la intervención del Estado que restablece el estado de derecho, sino de que un grupo criminal se impuso a los rivales.

5. Complicaciones adicionales a esta primera fase es que el Estado:

 Tolere que los grupos criminales ejerzan control territorial;

 Ante las agresiones contra sus agentes, en lugar de actuar para el desmantelamiento de las milicias privadas de los grupos criminales permita impunidad o sólo actúe contra los autores materiales de los atentados.

6. En una fase de mayor descomposición los grupos criminales derivan hacia actividades más allá del narcotráfico que tienden a la implantación de un esquema de expolio de la población. La tolerancia ante este giro es otra cesión fundamental del Estado a su otro monopolio: el de las exacciones. Con esto los grupos criminales terminan de consolidarse como una fuerza paralela al poder público.

7. Elementos adicionales de esta segunda fase de descomposición son:

 Los gobernantes y servidores públicos (sobre todo locales) que protegen a los grupos criminales pasan del papel de protectores al de sirvientes.

 Se tolera el disparo de los índices de delitos del fuero común.

 Se pacta con los criminales para supuestamente apoyar a los menos malos contra los más abusivos contra la población inocente.

 Se produce una inhibición ostensible de las actividades productivas y se dan fenómenos como el desplazamiento forzado.

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8. En una tercera fase de descomposición ante la ruptura del estado de derecho en municipios y/o entidades federativas se torna imperativa la intervención del gobierno federal para actuar contra los grupos criminales y sus redes de protección.

Pero en lugar de ello las intervenciones son superficiales y repiten el esquema de poda sobre los grupos criminales.

9. Elementos adicionales de complicación en esta fase de descomposición son:

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Cabe aquí resumir en qué medida se adentraron cada una de estas entidades en la condición de Estado fallido. Michoacán y Tamaulipas definitivamente si cayeron en la condición de Estado fallido, pues se presentaron casi todos los componentes del proceso hasta su tercera fase. Pero mientras que Michoacán probablemente ya ha salido de tal condición, Tamaulipas se mantiene en la misma precisamente porque no fue objeto de una intervención del gobierno federal como la de Michoacán.

Chihuahua estuvo en la condición de Estado fallido desde 2008 y hasta 2011, si bien la segunda fase del proceso (la pérdida del monopolio del Estado sobre las exacciones) no alcanzó el grado de desarrollo de Tamaulipas y de Michoacán y sobre todo el expolio se concentró en Juárez.

Guerrero ya ha alcanzado la primera fase del proceso y se está adentrando en la segunda.

Además presenta algunos elementos de la tercera, como es la limitada intervención del gobierno federal ante la evidente captura de instituciones públicas locales por los grupos criminales.

Baja California alcanzó la primera fase del proceso pero no llegó a la segunda, pues los grupos criminales no llegaron a establecer un esquema de expolio, aunque de haberse prolongado el conflicto es probable que ello sí habría ocurrido.

Nuevo León alcanzó la primera fase del proceso y se adentró en la segunda, aunque la duración de esta situación fue relativamente breve (2010 y 2011).

En todos los casos el estado de derecho no ha sido restablecido y se mantiene el riesgo de Estado fallido en un grado u otro (excepto las entidades que ya se encuentran en el mismo).

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3. Análisis comparativo entre la situación de Jalisco y el modelo de descomposición del estado de derecho en distintos puntos del país.

El primer capítulo del presente estudio se dedicó a presentar un amplio panorama sobre el estado de la seguridad pública en Jalisco, panorama principalmente descriptivo pero que también incluye elementos explicativos.

En el segundo capítulo se expuso el análisis del proceso de descomposición de la seguridad pública y el estado de derecho en seis entidades federativas del país. Corresponde en el presente capítulo determinar si, primero, en Jalisco se presentan ya situaciones similares a las que esas entidades han padecido y, segundo, en qué grado.

Para este ejercicio resulta especialmente útil el modelo con el que concluye el capítulo precedente, el que se reconocen tres fases del proceso que conduce a la condición de Estado fallido con sus respectivos elementos esenciales.

3.1 Primera fase de descomposición: pérdida del monopolio de la violencia El primer componente de esta fase es “cuando el Estado renuncia a su monopolio de la violencia y tolera que los grupos criminales constituyan milicias privadas inicialmente utilizadas contra otros delincuentes”.



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