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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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En 2009 fue asesinado el líder del Congreso Local y aspirante a la gubernatura Armando Chavarría, quien se había distanciado de Torreblanca y se había acercado al ERPI. Los allegados de Chavarría han señalado a Torreblanca como autor intelectual del asesinato, que habrían cometido sicarios de una organización criminal ligada a Joaquín Guzmán. Pero también existen versiones de que Chavarría mantenían ligas con la organización de los Beltrán Leyva, específicamente con quienes serían después fundadores de Guerreros Unidos, los hermanos Pineda Villa, cuñados de quien se convirtió en 2012 en presidente municipal de Iguala:…José Luis Abarca.

Además de Chavarría, durante el mandato de Torreblanca fueron asesinados cuando menos otros 43 líderes sociales y perredistas.

Es decir, para complicar la situación los conflictos entre narcos y entre facciones de izquierda se han venido mezclando.

Con la elección como gobernador de Ángel Aguirre Rivero la disputa entre facciones de izquierda no amainó, sino que se intensificó. Continuaron los asesinatos, como el de Arturo Hernández Cardona, líder social vinculado a los “radicales”, ocurrido en mayo de 2013, el cual habría sido perpetrado por el presidente municipal de Iguala e integrante de la facción de los “oportunistas”, José Luis Abarca (además ligado al grupo criminal Guerreros Unidos).

De la misma manera en que el arribo al poder de Fausto Vallejo en Michoacán marco la escalada de abusos de Los Templarios contra la población, el ascenso de Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero marcó una escalada de abusos de los grupos criminales mediante extorsiones, secuestros, despojos, robos y otros delitos.

Esto creó el caldo de cultivo propicio para la aparición de los grupos de autodefensa o “policías comunitarias”. Y aunque el motivo de su aparición era un legítimo hartazgo por los

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abusos de los grupos criminales, también es cierto que estos grupos fueron impulsados por el ERPI y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de su proyecto subversivo y su confrontación con la facción de los “oportunistas” y sus aliados narcos.

Aunque se habló de la existencia de grupos de autodefensa o “policías comunitarias” en hasta 50 de los 81 municipios del estado, en realidad sólo en 15 de ellos eran efectivos, sobre todo localizados en las regiones de Costa Chica y La Montaña. Pero en estos quienes mandan son líderes vinculados a los grupos guerrilleros o aliados de ellos en la mayoría de los casos.

En esos municipios las policías municipales y los alcaldes fueron desbordados y hostigados.

Las “policías comunitarias” se volvieron un poder paralelo, pero que también cometía toda suerte de abusos: asesinatos, extorsiones y secuestros.

En el municipio de Tixtla la SEMAR capturó a la comandante de la “policía comunitaria”, Nestora Salgado, responsable del secuestro de al menos 50 personas (ella misma negociaba el pago de los rescates). Así es como la izquierda radical entiende el “poder revolucionario”.

Pero además de este frente, los grupos guerrilleros han mantenido otro, el de los movimientos como el magisterial, el cual recurre frecuentemente a acciones ilegales y violentas para mantener y ampliar sus prebendas. Parte de este movimiento es el de la escuela normal rural de Ayotzinapa, que ha sido tradicional bastión de los grupos guerrilleros.

Si se consideran todos estos hechos la matanza de Iguala cobra sentido. Con ésta la facción de los “oportunistas” trató de escarmentar y frenar a los “radicales”.

El 26 de septiembre de 2014, según lo ordenado por el alcalde Abarca, policías del Iguala asesinaron a seis personas y privaron de la libertad a 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa y los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos. Estos los asesinaron, incineraron sus restos y dispersaron las cenizas para no dejar evidencias.

Como consecuencia de la masacre de Iguala la balanza en la disputa interna de la izquierda se movió en favor de los “radicales”. Fue removido el gobernador Ángel Aguirre y en su lugar fue puesto Rogelio Ortega, quien hasta cuando menos 2009 pertenecía a un grupo subversivo y estaba implicado en secuestros.

Además la izquierda radical aprovechó la oportunidad no sólo para seguir construyendo el “poder revolucionario” en Guerrero, sino para desatar un campaña de alcance internacional para acusar de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al gobierno del Presidente Peña y ponerlo contra la pared.

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El gobierno del Presidente Peña apoyó la designación de Rogelio Ortega no sólo a sabiendas de su pasado y sus ligas con los “radicales”, sino precisamente por ello: al poner uno de los suyos se quería convencer a los “radicales” que no había un plan para aniquilarlos, que el gobierno del Presidente Peña no participó en la masacre de Iguala (lo que es verdad).

Con esto el gobierno federal creyó haber conjurado la amenaza de que los grupos guerrilleros desataran un campaña terrorista, que probablemente habría sido de mayor alcance que los atentados contra PEMEX en 2007, perpetrados por el EPR por la desaparición de dos de sus líderes.

Pero la izquierda radical ha seguido escalando sus acciones ilegales, violentas y desestabilizadoras y amenaza la celebración de las elecciones con el pretexto de los hechos de Iguala, a fin de avanzar en su proyecto subversivo. Y para esto ha contado con la invaluable cooperación del gobernador Ortega, que les deja hacer cuanto quieran pues, en efecto, es uno de los suyos.





Por toda esta sangrienta disputa entre facciones de izquierda nadie ha sido castigado y sólo se ha detenido y acusado penalmente a José Luis Abarca y a policías municipales bajo su mando.

El mayor despliegue de fuerzas federales en Guerrero tras los hechos de Iguala no ha acarreado la baja de la violencia de los grupos criminales, ni de la de estos en contra de la sociedad. Tampoco ha significado un freno a la imposición del expolio, ni el fin de la violencia en la disputa entre facciones de izquierda.

En febrero de 2015 la PGR detuvo a Mateo Aguirre, hermano del ex gobernador Ángel Aguirre, como responsable de operar una red de corrupción en perjuicio del erario público.

El caso de Guerrero deja una serie de lecciones similares a las referidas en otras entidades

federativas, más unas singulares conforme a las condiciones específicas del estado:

1) La tolerancia del poder público ante el narcotráfico y expansión, junto con la tolerancia a que los grupos criminales dispongan de milicias privadas que imponen su ley, lejos de atemperar la violencia ha tenido el efecto exactamente contrario.

2) El dejar correr la matanza entre narcos, que es una claudicación ante el imperativo de que el Estado mantenga el monopolio de la violencia, sólo ha acarreado violencia creciente y a que los grupos criminales utilicen su fuerza para despojar en forma creciente a las personas inocentes de sus rentas y patrimonios de origen lícito.

3) El que el gobierno federal haya dejado correr la “guerra sucia” entre facciones de la izquierda sólo la ha ido haciendo cada vez más sucia. El no investigar y en su caso

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acusar penalmente a los ex gobernadores Torreblanca y Aguirre y demás supuestos responsables de la “guerra sucia” de la izquierda, lo que hace es que los dos bandos traten de continuarla.

4) La tolerancia hacia los grupos guerrilleros responsables de delitos, lejos de inhibir que sigan delinquiendo los ha envalentonado y los ha hecho más poderosos y temibles. Permitir que estos grupos incursionen en el narcotráfico constituye un verdadero suicidio del Estado: baste ver el ejemplo de Colombia.

5) La tolerancia a los movimientos y grupos a través de los cuales operan los grupos guerrilleros, desde el movimiento magisterial y la normal de Ayotzinapa hasta las “policías comunitarias”, ha hecho cada vez menos gobernable al estado.

6) Favorecer que fuera electo gobernador sustituto un presunto guerrillero secuestrador, ha tenido el efecto de que el gobierno local favorezca abiertamente la desestabilización local y nacional.

7) La detención del hermano de Ángel Aguirre indica que eso es lo más que el gobierno del Presidente Peña está dispuesto a hacer para castigar a los políticos responsables del desastre de seguridad que hoy enfrenta Guerrero.

8) El gobierno federal no ha demostrado voluntad para desarrollar una intervención como la practicada en Michoacán para enfrentar a los grupos criminales y ni que decir para enfrentar a la guerrilla y sus “frentes de masas”.

9) El expolio de los grupos criminales se agrava cotidianamente y la falta de acción del gobierno federal (no se puede contar con el local) tiende a que en Guerrero se reproduzca la situación de depredación que ha sufrido Michoacán y hoy sufre Tamaulipas.

10) Si reúnen todos estos factores, la condición de Estado fallido de Guerrero resulta especialmente grave, complicada y no permite prever para la entidad un futuro de tranquilidad y orden.

2.6 Tamaulipas El caso más extremo de la condición de Estado fallido en México corresponde a Tamaulipas.

No sólo los grupos criminales establecieron un control sobre el poder público local e impusieron un esquema de expolio masivo de la población, sino que sometieron a ésta un régimen de terror, que ha impedido casi toda forma de resistencia.

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La importancia de Tamaulipas para el narcotráfico creció como consecuencia tanto del cambio de la ruta de contrabando de cocaína a través del Caribe y Bahamas hacia Estados Unidos vía Florida, como de la importancia que para el comercio fronterizo tomó el estado y en particular Nuevo Laredo, por donde cruza aproximadamente el 35% de las mercancías lícitas. Además Tamaulipas representa el cruce más corto para migrantes que buscan ingresar al vecino país sin documentos.

El jefe del contrabando Juan N. Guerra se unió al Cártel de Guadalajara pero cedió el control a Juan García Ábrego, quien entre 1988 y 1991 barrió con sus competidores en el estado.

Se trató de la primera acción de aniquilación de un grupo de narcos contra otro que se dejó correr, pero que no alcanzó la mortandad de la primera “guerra” por Juárez.

García Abrego, al frente de lo que se denominó Cartel del Golfo, mantuvo el control del narcotráfico en Tamaulipas hasta que fue detenido en 1995. Le sucedieron varios capos hasta que en 1998 mediante el asesinato de quien era el jefe tomó el control de la organización heredada por García Ábrego, un violento y astuto subalterno: Osiel Cárdenas.

Este fue el primer capo en comprender que su negocio no era el contrabando de drogas sino la violencia y gracias a esta podría apoderarse de cuanta renta le placiera. Se hizo de del más adiestrado y despiadado grupo de matones, buena parte de los cuales eran desertores de las tropas de élite del ejército (Los Zetas).

Con su brazo armado Cárdenas no solo mantuvo sus territorios en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco sino que contratacó a la Federación. Pero Los Zetas también le sirvieron para ir imponiendo el esquema de expolio contra la población. Se sabe que el cobro de derecho se inició en Tamaulipas hacia 2001, primero en contra de unos primeros establecimientos (bares y restaurantes) después sobre negocios de todos los giros. Toda el hampa local fue sometida: ladrones, secuestradores, traficantes y tratantes de personas, contrabandistas de mercancías lícitas, falsificadores de documentos y sujetos dedicados a la falsificación de marcas (“piratería”) y su distribución114.

Además Cárdenas fue asumiendo el control sobre el robo de combustible de PEMEX, tanto de gasolina como de gas.

Ya en 2004 empresarios tuvieron que presentarse con el rostro cubierto en la sede de la PGR en la ciudad de México para protestar por la extorsión. Pero esta se convertiría en un verdadero esquema generalizado de expolio a partir de 2009-2010.

En 2003 Osiel Cárdenas fue capturado en Tamaulipas (para años después ser extraditado a Estados Unidos) y sus sicarios no dudaron en enfrentarse al ejército en un intento de impedir de la detención y rescatarlo. Aunque en los primeros meses en prisión, Cárdenas tenía autoridad sobre su organización, fue menguando. Se fue dando en los hechos una

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separación entre Los Zetas y quienes se decían el Cártel del Golfo. Mientras que el segundo estaba a favor de una suerte de tregua con La Federación, los primeros estaban a favor de seguir el pleito hasta derrotar a sus adversarios.

Los Zetas se han basado más en su capacidad de violencia que en sus habilidades como traficantes, pues eran los del Cartel del Golfo los que contaban con los contactos internacionales, las redes de protección, la infraestructura de producción y toda la logística del trasiego, además de la ingeniería del lavado de dinero.

Los Zetas sin dejar el narcotráfico se expandiera más que los restantes grupos criminales (con la única excepción de sus ex alumnos, los de La Familia) hacia otros giros delictivos. Por ejemplo, a partir de 2008 iniciaron el secuestro masivo de migrantes indocumentados y desde 2006 escalaron el robo de gasolina (el Cártel del Golfo desde 2001, cuando menos, venía robando gas en forma masiva).

El Cartel del Golfo y Los Zetas estaban separados con sus respectivas áreas de influencia y coexistían sin conflictos hasta que en 2010 entraron en “guerra”. Entre 2000 y 2009 la tasa anual promedio de homicidios en Tamaulipas fue de 8.5 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional. En 2010 subió a 29, en 2011 fue de 33, en 2012 de 46, en 2013 de 26 y en 2014 de 28.

En medio de esta “guerra” fue asesinado en 2010 el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

Desde 2010 y hasta 2014, al menos una vez han figurado entre las 50 ciudades más violentas del mundo Nuevo Laredo, Victoria, Reynosa y Matamoros.

El resultado de la disputa en Tamaulipas es que el Cartel del Golfo controla Reynosa, Matamoros y Tampico, entre otros municipios y Los Zetas controlan, también en otros, a la capital Victoria y a Nuevo Laredo.



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