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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Además en Juárez se “institucionalizó” el cobro de derecho de piso en perjuicio de miles de propietarios de toda suerte de negocios.

Conforme al enfoque del riesgo de Estado fallido, la experiencia de Chihuahua y en

particular de Juárez presenta las siguientes características más relevantes:

1) En Juárez fue en donde se puso en práctica por primera vez con mayor intensidad la política de dejar correr la violencia entre narcos, cuando se toleró la “guerra” que desató la organización de Carrillo Fuentes para apoderase del control de la estratégica ciudad entre 1993 y 1996.

2) El periodo de plena hegemonía de la organización de Carrillo Fuentes que fue de 1997 a 2007 fueron años en que los gobernantes federales y locales aceptaron de facto una fuerza con capacidad de violencia paralela al poder del Estado.

–  –  –

3) Como en otros casos esa hegemonía fue disputada por otro grupo criminal con extrema violencia, incluso dirigida contra una gran cantidad de personas inocentes y ajenas a la disputa, lo cual fue parcialmente tolerado por los gobernantes federales y locales.

4) Además de los asesinatos se disparó la incidencia de diversos delitos del fuero común y se desplomaron las tasas de castigo. Esto no fue un resultado no previsto y no buscado como consecuencia del desorden creado por la disputa entre grupos criminales. La organización criminal dominante tomó la decisión de cobro de derecho de piso a personas inocentes y de cometer, secuestros y atracos al parecer como una forma de financiar su “guerra” y para intimidar a la población.

5) Respecto a esta agresión en contra de la población inocente los gobernantes fueron omisos y favorecieron la profundización de la condición de Estado fallido de Chihuahua entre 2008 y 2011. Se trató de un cambio cualitativo, pues el Estado no sólo renunció a su monopolio de la violencia sino también al de las exacciones.

6) La baja de la violencia no fue resultado de la acción de agentes del Estado, sino de que el grupo criminal “invasor” se impuso mediante la violencia al grupo hasta entonces dominante. El estado de derecho no fue restablecido, ni siquiera en la versión adulterada que existía hasta 1993.

7) Los dos principales responsables de la matanza (Joaquín Guzmán y Vicente Carrillo) hoy se encuentran presos. Hoy la “paz” es sostenida por una reconformación de grupos criminales, cuyos jefes para no ser molestados en el tráfico de drogas ofrecieron apartarse de agresiones a la población.

8) No hay ninguna garantía de que los grupos criminales no vuelvan a reñir y no decidan usar su capacidad de violencia para apropiarse de las rentas de origen lícito, imponiendo un esquema de expolio como el que hoy prevalece en Tamaulipas,

–  –  –

2.3 Nuevo León

El caso de Nuevo León resulta de interés porque:

 Es una entidad federativa que tradicionalmente no representaba interés para el narcotráfico;

 De una situación de baja incidencia criminal pasó a una muy elevada en corto tiempo;

 La magnitud de la violencia no llegó a ser tan alta como en otras cuatro entidades de las seis del presente ejercicio analítico (Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero);

 Logró apartarse –al menos parcialmente y de momento- de la tendencia hacia la condición de Estado fallido en un tiempo también relativamente corto.

En la edición 2005 de la revista América Economía se presentó el ranking sobre las ciudades más atractivas para los negocios y Monterrey figuró como la urbe más segura de América Latina. Pero apenas cinco años después Monterrey fue sacudida por bloqueos de vías de comunicación perpetrados por sicarios de los grupos criminales, balaceras y matanzas, la aparición de fosas clandestinas con decenas de cadáveres y el disparo de los homicidios, secuestros y extorsiones.

Al siguiente año Monterrey vivió el asesinato de 52 personas en un casino incendiado por sicarios de un grupo criminal, en represalia porque sus dueños se negaron a pagar el derecho de piso.

Entre 1990 y hasta 2004 en Nuevo León hubo un promedio anual de 113 homicidios, que subió a 258 cuando la presencia de narcos se hizo más visible entre 2006 y 2009, para alcanzar un promedio anual de 1,461 entre 2010 y 2013.

En 2011 Monterrey ingresó al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en la posición 38, bajó a la 40 en 2012 y en 2013 salió de ese listado.

Asimismo los secuestros pasaron de 1 en 2007 a 19 en 2008 y a 61 en 2012. La extorsión permanente o cobro de derecho de piso se masificó. Miles de propietarios de toda suerte de negocios fueron obligados a pagar cuotas en forma periódica; muchos cerraron sus puertas para no sufrir represalias, pues Nuevo León se convirtió en uno de los estados donde más asesinatos y ataques a establecimientos ocurrieron por negativa o imposibilidad a ceder a la extorsión.

–  –  –

Nuevo León no era relevante para el narcotráfico. No es productor de drogas ni forma parte de las rutas de trasiego. Tiene un paso fronterizo hacia Estados Unidos pero de apertura relativamente reciente, escaso tráfico y por ende poco susceptible de ser utilizado para el contrabando de drogas.





En Monterrey creció el consumo y el narcomenudeo, pero su importancia está por debajo de al menos 8 ciudades del país. No se trata de un mercado tan grande como para que por controlarlo los grupos criminales hayan reñido con tanta rabia.

La explicación sobre lo ocurrido en Nuevo León parece estar en la dinámica que en los últimos 15 años fueron tomando las confrontaciones entre grupos criminales. De una disputa enfocada hacia las plazas y rutas de mayor interés la acción de los bandos derivo a la búsqueda de un amplio control territorial, propio de los conflictos bélicos en forma. De las plazas de interés grupos de operadores y sicarios (sobre todo los segundos) se fueron desplazando a áreas contiguas, aunque no tuvieran en realidad valor estratégico para el narcotráfico. Y si un grupo aparecía en uno de esos territorios, entonces el contrario también se presentaba y se confrontaba, pues de cualquier modo al causar bajas ello perjudicaría el esfuerzo “militar” general del bando contrario.

Los grupos criminales enfrentados principales eran por un lado Los Zetas y el Cartel del Golfo, pero después apareció el Cártel de Sinaloa y trabó una alianza con el segundo contra el primero.

Cada bando trató de crear células e ir tomando el control de la policía. Los sicarios sobre todo de Los Zetas y el Cartel del Golfo encontraron que si Nuevo León no tenía mucho interés para el narcotráfico, si podría tenerlo para el expolio de la población, dado que se trataba de uno de los estados más prósperos, mediante extorsión y secuestro.

La violencia y en menor medida los delitos del fuero común cometidos por los grupos criminales empezaron a declinar desde finales de 2012. Ello al parecer fue resultado de los

siguientes factores:

 Los Zetas y en menor medida el Cártel del Golfo se han visto debilitados por escisiones en sus filas.

 La intensificación de las pugnas en Tamaulipas ha exigido a estos grupos criminales mayor concentración en ese estado para defender sus posiciones.

 La detención o muerte de capos y operadores de Los Zetas ciertamente ha debilitado a este grupo criminal.

–  –  –

 Existen versiones de que en Nuevo León los grupos enfrentados pactaron una suerte de tregua110.

 El gobierno del estado hizo un esfuerzo por depurar las policías y tener mayor control.

La experiencia de Nuevo León ofrece las siguientes lecciones:

1) El ritmo de descomposición de la seguridad en un estado puede ser mucho más rápido de lo que podría suponerse.

2) El factor que contribuyó en este caso a la rápida descomposición fue que los gobernantes permitieran que los grupos criminales tomaran control de las policías.

3) En este caso no fue tan marcada la decisión de dejar correr la violencia.

4) Pese al disparo de la violencia y el crecimiento del expolio la reacción de los gobernantes federales y locales fue lenta.

5) En este caso para la disminución de la violencia pesaron más que en otros las intervenciones de los gobernantes federales y locales, si bien los golpes que afectaron a las organizaciones criminales no se produjeron tanto en el estado como fuera de él.

6) Nuevo León prueba que aun cuando un estado no revista importancia crucial para el narcotráfico, los grupos criminales van a tratar de tener presencia y establecer control, para desarrollar acciones que les permitan apropiarse de rentas de origen lícito.

7) Esto viene a confirmar también que los grupos criminales han dejado de ver al narcotráfico como actividad exclusiva y que cada vez se esfuerzan más imponer un esquema de expolio que les permita apropiarse de rentas de origen lícito de la sociedad.

8) En Nuevo León el problema no está resuelto ni mucho menos. Persisten la violencia y la extorsión, pues se mantienen las estructuras de los grupos criminales. El estado de derecho no ha sido restaurado. Nada garantiza que la violencia no repunte y que los grupos criminales no escalen su agresión contra la sociedad.

–  –  –

2.4 Michoacán Ningún caso es tan ilustrativo en México sobre la materialización del riesgo de caer en la condición de Estado fallido, como el de Michoacán. Revela cómo y porque esa condición no requiere necesariamente de un elevado nivel de violencia homicida y revela también que el narcotráfico no es requisito indispensable de esta amenaza.

Hacia mediados de los años treinta del siglo XX Michoacán probablemente era el estado más violento de México. Hubo localidades donde se registraron tasas de hasta 200 homicidios por cada 100 mil habitantes111 y prevalecía una subcultura de violencia, orientada sobre todo por las vendettas sin fin.

Pero con el paso de los años Michoacán fue siguiendo la tendencia nacional hacia la baja de la incidencia de homicidios, si bien a un ritmo más lento. En 1990 la tasa de homicidios de Michoacán fue de 33 por cada 100 mil habitantes, en 1992 alcanzó una de 38, pero para 2000 la tasa ya había caído a 15.

Entre 2000 y 2013 la tasa anual promedio de homicidios fue de 17 por cada 100 mil habitantes, muy similar a la nacional, pero incluso inferior a partir de 2008 cuando el país enfrentó una grave ola de violencia.

¿Qué pasó entonces en Michoacán?, ¿por qué hablar de que alcanzó la condición de Estado fallido?

Porque la violencia de la cual el Estado perdió el monopolio, fue ejercida por grupos criminales para apropiarse de rentas de origen lícito. Ciertamente hubo violencia de la fuerza criminal dominante hacia otros grupos de delincuentes o contra agentes del Estado, pero la mayor parte del esfuerzo de violencia organizada tenía como objetivo a la sociedad, a personas inocentes. Y quepa una aclaración: la violencia no se reduce a homicidios, sino que incluye todo acto en que se use la fuerza o se amenace con utilizarla.

Michoacán había sido tradicionalmente relevante para el narcotráfico a partir de los años setenta del siglo XX, aunque su relevancia se situaba por debajo de las entidades federativas del Triángulo de Oro (Sinaloa, Durango, Chihuahua) y Baja California, Tamaulipas y Guerrero. Participaba del cultivo de mariguana y en menor medida de amapola. Pero desde inicios de los años noventa Michoacán cobró más relevancia, cuando los grupos criminales obtuvieron una amplia protección de autoridades locales y federales.

Surgió la organización de Los Valencia o Cártel del Milenio, la cual tenía participación en el trasiego de cocaína, en forma creciente en la producción de heroína y sobre todo en la fabricación y exportación de metanfetaminas.

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Hacia 2002 se conformó un nuevo grupo criminal que disputó el control de Michoacán a Los Valencia y era apoyado por el cartel del Golfo y en particular por su brazo armado Los Zetas.

En 2006 ese nuevo grupo adoptó el nombre de La Familia Michoacana, se hizo del control de la mayor parte del narcotráfico en el estado y puso fin a la tutela de Los Zetas, con los que entró en conflicto.

La Familia presentó desde el principio una serie de rasgos singulares:

 Utilizaba un confuso discurso con alusiones religiosas y políticas para presentarse como defensor de la comunidad frente a los abusos de Los Zetas y demás grupos criminales.

 Aun antes de adoptar el nombre había cooptado a varias policías municipales (antes Los Zetas habían hecho lo propio) y presidentes municipales, además de establecer fuertes vínculos con funcionarios del gobierno estatal. En la elección local de 2007 La Familia financió las campañas de candidatos del PRD que resultaron ganadores y cayeron desde entonces en una relación de dependencia con el grupo criminal.

 Con el propósito de asegurarse la protección del gobierno de Leonel Godoy Rangel (2008-2012) hizo parte de su dirección al medio hermano del mandatario Julio César Godoy Toscano, quien en 2009 fue electo diputado federal por el PRD.

 Aunque su principal fuente de ingresos era el narcotráfico impuso a la población un esquema de expolio que al final le reportaba ganancias cercanas a las del tráfico de drogas. La Familia sometió al pago de derecho de piso a agricultores de aguacate (el principal producto de exportación del estado) y demás cultivos, madereros, comerciantes, industriales, transportistas y diversos prestadores de servicios. Más adelante este grupo criminal y su sucesor Los Templarios impusieron diversas formas de extorsión sobre los gobiernos municipales.

 Pero no conforme con la extorsión que despojaba a sus víctimas de la mayor parte de sus ingresos, La Familia fue despojando de sus tierras y negocios a muchas personas.

 Aunque el grupo criminal decía perseguir a secuestradores y ladrones se dedicó al secuestro. Casi la totalidad de los plagios habidos entre 2006 y 2014 fueron obra de La Familia o de Los Templarios.



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