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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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2.1 Baja California Baja California y en particular la ciudad de Tijuana siempre fue relevante para el narcotráfico. Pero su importancia creció cuando en los años ochenta del siglo XX México se convirtió en el principal trampolín para la introducción de cocaína hacia Estados Unidos.

Desde finales de los años ochenta la gran mayoría de los cargamentos de drogas hacia Estados Unidos pasan por cuatro ciudades fronterizas: Reynosa, Nuevo Laredo, Juárez y Tijuana.

Desde 1989 la organización de los hermanos Arellano Félix se hizo del control de Baja California para no perderlo hasta 2010. Aunque esta organización mantuvo un pleito durante 20 años con Joaquín Guzmán, hasta 2007 la mayoría de las confrontaciones ni siquiera tuvieron lugar en Baja California, donde los Arellano Félix ejercían un control casi absoluto del narcotráfico.

Quien buscara pasar droga por Tijuana o Mexicali debería pagar “piso” y a menudo los Arellano ni siquiera así aceptaban, pues les resultaba más rentable pasar su propia droga.

Los narcotraficantes que se atrevían a usar la plaza en forma subrepticia eran “levantados”, torturados y asesinados.

La organización logró tal control por su capacidad de violencia y corrupción. Tras el asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara en 1993, la detención de sicarios de los Arellano confirmaron las sospechas acerca de que prácticamente todas las policías y la procuraduría del estado estaban a su servicio. Incluso un hermano del gobernador Ernesto Ruffo resultó implicado por presunto lavado de dinero en favor del grupo criminal. De hecho desde entonces hasta por lo menos 2010, los gobiernos de Baja California (emanados del PAN desde 1989) fueron objeto de señalamientos de proteger a los Arellano Félix.

Bajo la administración de Fox el grupo criminal recibió fuertes golpes. En 2002 fue muerto Ramón Arellano Félix, el violento jefe de los sicarios; Benjamín, el máximo jefe, fue aprehendido en 2003 y en 2006 fue detenido Francisco Javier por la DEA en aguas internacionales.

Pese a ello y aunque debilitada la organización mantuvo el control de Tijuana y Baja California. Pero en 2008 y hasta 2010 Joaquín Guzmán desató una ofensiva para apoderarse de la ciudad fronteriza y del estado. Para dar una idea de la violencia desatada debe

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considerarse que entre 1990 y 2007 el promedio anual de homicidios en Baja California fue de 406 pero entre 2008 y 2010 fue de 1,362.

En Tijuana entre 1990 y 2007 el promedio anual de homicidios fue de 230. Pero entre 2008 y 2010 el promedio anual de homicidios casi se quintuplicó al rebasar los mil.

En 2010 Tijuana figuró en la posición 21 entre las 50 ciudades más violentas del mundo con una tasa de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero esa tasa se basaba en información “rasurada” del gobierno del estado. Si se consideran los datos del INEGI, la tasa real fue 82 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con esa tasa en realidad Tijuana fue en 2010 la onceava ciudad más violenta del mundo.

A partir de 2011 la violencia homicida decayó, para repuntar en 2013 y 2014, aunque sin llegar a los niveles de 2008 a 2010.

Pero en el periodo de mayor violencia homicida otros delitos también se dispararon. En 2007, según cifras de la procuraduría del estado, hubo 14 secuestros en Tijuana, pero en 2009 fueron 95107. Según líderes empresariales la cifra real en 2009 y 2010 fue del doble de la oficial.

El disparo de los secuestros obedeció a que los sicarios de los bandos enfrentados aprovecharon la oportunidad para plagiar.

Sin embargo la organización de los hermanos Arellano Félix no impuso un esquema de expolio contra la población y se concentró en apropiarse las rentas provenientes del narcotráfico, el tráfico de personas y la falsificación de documentos (tales como actas de nacimiento, pasaportes y, sobre todo, las “green cards” de residencia legal en Estados Unidos).

Conforme al enfoque del riesgo de Estado fallido, la experiencia de Baja California y en

particular de Tijuana presenta las siguientes características más relevantes:

1) El estado de derecho se debilitó desde el momento en que el Estado renunció a su monopolio de la violencia en favor de la violencia privada del grupo criminal dominante durante dos décadas. Pero esto no sucedió por mera negligencia y pusilanimidad de las autoridades locales, sino por corrupción.

2) Pero sin desmérito de la afirmación anterior, si por lo menos hasta el año 2001 el grupo criminal hegemónico podía regir sin problemas era porque además la autoridad federal lo había permitido, por incapacidad, por corrupción o por ambas cosas. La autoridad local se plegó a la política federal, aunque a partir de 2002 cuando el gobierno de Fox va golpeando a los Arellano Félix, optó por sus

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compromisos con el grupo criminal dominante hasta que empezó a ser derrotado en 2008 y 2009.

3) En la decisión del gobierno federal de golpear al grupo criminal dominante no pesa el imperativo de recuperar el monopolio de la violencia o hacer cumplir la ley. En la misma parecer pesar la presión del gobierno estadounidense. Pero en cualquier caso, la coalición de grupos criminales liderada por Joaquín Guzmán (La Federación) se vio beneficiada por esta política.





4) Cualquier grupo criminal que quisiera disputar la hegemonía al grupo dominante debería recurrir a la violencia extrema y confrontarse no con la fuerza del Estado, sino con la de su rival, como fue el caso de 2008 a 2010, porque esto es justamente lo que el Estado mexicano favoreció con sus acciones y omisiones.

5) Pero para que ese grupo criminal que disputaba la hegemonía (el de Joaquín Guzmán) pudiera ejercer la violencia debería contar con la venia de la autoridad federal, como fue el caso. El gobierno de Felipe Calderón dejó correr la violencia y que se impusiera el grupo criminal más fuerte al que lo era menos. Pero con ello agravó la renuncia del Estado a su monopolio sobre el uso de la fuerza.

6) Si la violencia declinó a partir de 2011 no fue por ninguna política o intervención de las autoridades locales o federales, sino simplemente porque un grupo criminal (el de Joaquín Guzmán) se impuso a su rival (el de los Arellano Félix). Se reafirmó así que es posible alcanzar objetivos mediante el ejercicio de la violencia si el Estado lo permite.

7) Aunque ciertamente en este caso los grupos criminales no llegaron a imponer un esquema de expolio para apropiarse de rentas por las actividades económicas lícitas, como sí ocurriría en otros casos por analizar, esa posibilidad quedó abierta. Prueba de ello es el disparo que hubo en la incidencia del secuestro. Y de nuevo el Estado falló en no frenar y abatir esa oleada de delitos del fuero común.

8) Ahora que desde febrero de 2014 el Cártel de Sinaloa ha perdido a su máximo líder y no termina de quedar claro quién es el jefe de la plaza, no hay garantías de que no resurja en Baja California y en Tijuana un nivel de violencia como el de 2008 a 2010 y que no caigan de nuevo en la condición de Estado fallido.

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2.2 Chihuahua Este estado se adentró todavía más que Baja California en la condición de Estado fallido y entre 2008 y 2011 experimentó el mayor nivel de violencia que entidad federativa alguna haya sufrido en el país.

Chihuahua había sido clave en el narcotráfico desde la segunda década del siglo XX, pero su importancia creció en los años ochenta y no sólo por hacer frontera con Estados Unidos, sino además por ser estado productor. Recuérdese que en el municipio de Jiménez en 1984 se hizo el mayor decomiso de mariguana en el mundo.

Cuando el comandante regional de la DFS, Rafael Aguilar Guajardo, fue despedido en 1985, de manera natural se convirtió en el máximo capo de Chihuahua. Él situó su principal base de operaciones en Juárez (de ahí que a su organización se le haya denominado Cartel de Juárez). Aunque estuvo preso por unos meses en 1986 y en 1991-1992 la PGR desató la persecución en su contra, mantuvo la hegemonía hasta ser asesinado en abril de 1993.

Su asesinato marco el inició de la “guerra” de Amado Carrillo para obtener el control de Juárez y el estado. Hasta entonces el nivel de violencia homicida en la ciudad fronteriza y en el estado de Chihuahua era inferior incluso al promedio para el país. Esta “guerra”, según ya se comentó, cobró más de un millar de vidas entre 1993 y 1996. A partir de 1997 y hasta 2007 la incidencia de homicidios bajó, aunque sin llegar al nivel previo a 1993. A partir de 1997 y hasta 2007 la organización de Carrillo controló Juárez y al resto del estado.

Al permitir que esta matanza tuviera lugar y no actuar contra sus responsables, los gobernantes federales y locales abonaron el terreno para las matanzas mucho mayores que vendrían después y favorecieron que Chihuahua se deslizara a la condición de Estado fallido.

Hasta 2007 el grupo criminal dominante no estuvo interesado en utilizar su aparato de violencia para apropiarse de rentas diferentes a las del narcotráfico o el tráfico de personas.

Para congraciarse con las autoridades locales entre 1998 y 2004 sicarios del grupo criminal dominante privaron de la libertad, torturaron de forma especialmente atroz y asesinaron a presuntos ladrones de autos, con el propósito adicional de dejar claro quien controlaba la plaza108. Al permitir estas atrocidades los gobernantes volvieron a ceder la soberanía del Estado a un grupo criminal y abonaron adicionalmente en favor del Estado fallido.

Entre 1998 y hasta cuando menos 2006, en Juárez fueron asesinadas unas 400 mujeres. De las víctimas aproximadamente 120 presentaban una similitudes y sus asesinatos parecían responder a cierto modus operandi singular (privación ilegal de la libertad, tortura, mutilación e inhumación clandestina de los restos).

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En su momento surgieron indicios y evidencias de que los autores de esos asesinatos eran integrantes de La Línea, el grupo de sicarios de la organización Carrillo Fuentes, integrada por sicópatas especialmente sádicos. Pero estos asesinos nunca fueron detenidos y sentenciados y en lugar de ello se fabricaron chivos expiatorios109. De nuevo los gobernantes siguieron abonando en favor del Estado fallido.

De acuerdo a los datos del INEGI entre 1997 y 2007 el promedio anual de homicidios en el estado de Chihuahua fue de 584 y de 226 en Juárez. Pero entre 2008 y 2013 el promedio anual de homicidios de Chihuahua se sextuplicó y el de Juárez se multiplicó por ocho.

Si en los 18 años que van de 1990 a 2007, los homicidios dolosos en Chihuahua sumaron 10,068, en los seis años que van de 2008 a 2013 los asesinatos totalizaron 22,104, En Juárez los homicidios registrados entre 1990 y 2007 fueron 3,597 y entre 2008 y 2913 sumaron 9,911.

En 2010 el Estado de Chihuahua alcanzó la tasa de 212 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se trata de una de las tasas más elevadas registradas en jurisdicciones subnacionales en el mundo en la historia (jurisdicciones subnacionales son el primer nivel que adopta la división política o geográfico-administrativa de un país tales como estados, departamentos, provincias, etcétera).

Para dar una idea de lo elevado de la tasa de homicidios en Chihuahua, considérese que solo fue superada en 1991 por el Departamento de Antioquia, Colombia (230 por cada 100 mil habitantes) que era el principal territorio controlado por el Cártel de Medellín. Pero en 1991 Colombia vivía una guerra civil no declarada entre los narcos y el Estado colombiano.

En los años 2008, 2009 y 2010 Juárez fue la ciudad más violenta del mundo y en 2011 la segunda más violenta. En 2010 Juárez tuvo una tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes, de las más altas registradas en el mundo y sólo superada por las tasas que alcanzó Medellín, Colombia entre 1990 y 1993 (la ciudad colombiana alcanzó su máxima tasa en 1991 con 390 homicidios por cada 100 mil habitantes).

Esta fue resultado de la decisión de Joaquín Guzmán de desatar una “guerra” para aniquilar al grupo criminal dominante (la organización Carrillo Fuentes) a fin de apoderarse de ciudad Juárez y del estado de Chihuahua.

Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997, su hermano Vicente heredó el imperio criminal, imperio que se fue reduciendo significativamente, aunque el heredero retuvo el control sobre Juárez y Chihuahua, plaza y territorios de enorme importancia estratégica en el esquema del narcotráfico.

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Vicente Carrillo se sumó a la coalición de capos surgida en 2001, conocida como La Federación y encabezada por Joaquín Guzmán. Pero entre los dos capos fueron creciendo las desavenencias, pues Carrillo exigía el pago por el uso de Chihuahua y sobre todo de Juárez para pasar cargamentos de drogas a Estados Unidos. En 2004 los capos rompieron, pero la guerra no estalló de inmediato, demoró tres años en comenzar.

Llama la atención que el capo Joaquín Guzmán se haya embarcado en tres “guerras” simultáneas a partir de 2008: con los Arellano Félix en Tijuana, con Vicente Carrillo en Juárez y con Los Beltrán Leyva (y aliados) en diversos puntos del país. Sólo si el capo se sentía suficientemente apoyado y protegido pudo haberse lanzado a una aventura tan temeraria.

En 2011 Guzmán terminó de imponerse a sus rivales en Chihuahua y en Juárez, para cual le resultó favorable que la Policía Federal capturara en agosto de ese año del máximo jefe de los sicarios de Carrillo.

La violencia declinó en 2012 y en 2013, pero en este último año su nivel seguía siendo superior al de 2007.

Durante la “guerra” además de los homicidios diferentes delitos tuvieron un incremento sin precedentes en Chihuahua. Según cifras oficiales en 2007 hubo 13 averiguaciones previas por secuestro, pero en 2008 subieron a 120 y en 2009 a 233. Entre 2008 y 2011 se registraron 580 secuestros, cifra que casi sextuplica la de los años 1997 a 2007 (99).

En 2007 se registraron 9,876 averiguaciones previas por robo de vehículo, pero al siguiente año subieron a 25,554 y en 2010 llegaron a 28,654. Entre 2008 y 2011 se registraron 102,535 averiguaciones previas por robo de vehículo, 19,080 con violencia.



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