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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Podría suponerse que Jalisco se incluyó en la cuarteta de estados donde se pondría en marcha primeramente el modelo porque desde marzo de 2013 el gobernador Aristóteles Sandoval logró el acuerdo con los alcaldes de la entidad de un mando único policial y desde diciembre del mismo año opera ya la Fuerza Única Jalisco. Pero hay otros estados en iguales circunstancias y no fueron incluidos.

Esta propuesta parece justificada porque es innegable la debilidad de las policías y gobiernos municipales, además del hecho de la captura de muchas corporaciones y ayuntamientos por parte de los grupos criminales en el país. Pero el contar con 32 corporaciones policiales no ofrece garantía alguna de que las mismas no puedan ser igualmente capturadas por los grupos criminales, como en gran medida ha sido el caso en Tamaulipas, Michoacán o Guerrero.

Esta propuesta sigue eludiendo el problema central: el que las corporaciones policiales y los gobiernos todos carecen de metas de abatimiento de la incidencia criminal, la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes no cumplan.

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Como ocurrió con la administración de Fox, la presente no ha asumido el pleno liderazgo que al gobierno federal corresponde en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para impulsar una reforma que realmente transforme las instituciones y la larga crisis de seguridad sea definitivamente superada.

Pese a las muchas omisiones y acciones reprobables del gobierno de Calderón, fue un avance importante que entre 2010 y 2011 hubiera promovido que los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se fijaran metas de reducción de la incidencia general (con todo y los defectos ya señalados).

El Presidente Enrique Peña no ha retomado esta iniciativa, pese a que en su campaña electoral él se fijé como meta reducir la incidencia de homicidios, secuestros y extorsiones en un 50% durante su mandato, en caso de ser electo. Pero dado que estos son delitos del fuero común no hay manera de cumplir el compromiso si no lo asumen también los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Pero en tanto se concreta o no la iniciativa de crear 32 policías estatales y desaparecer las municipales y aún antes de que la misma se hiciera, el gobierno federal ha debido intervenir ante el agravamiento del problema en diversos puntos del país.

En el caso de Michoacán el gobierno del Presidente Peña finalmente actuó contra los líderes del grupo criminal Los Templarios y contra varios de los gobernantes que los protegían. Está todavía por verse si ello significará el completo desmantelamiento del esquema de expolio que el grupo criminal impuso a miles y miles de michoacanos y si la seguridad y la tranquilidad regresarán al estado.

Pero no habido un esfuerzo equivalente en Tamaulipas, en donde el esquema de expolio de los grupos criminales es peor que el de Michoacán, como tampoco lo ha habido en otras entidades federativas con graves problemas de seguridad, como son Guerrero, México, Morelos y Quintana Roo.

Tras de cumplirse dos años de su mandato, el gobierno del Presidente Peña celebró una reducción de los homicidios dolosos del 27%, que lo acercaría a la meta sexenal de reducción del 50%.

Con base en los datos del INEGI, que son más confiables que los del SNSP, entre 2012 y 2013 hubo una reducción del 11% en los homicidios. Cuando los datos del INEGI correspondientes a 2014 se den a conocer es muy probable que la reducción en dos años sea de alrededor del 20%.

Pero estas bajas no se pueden atribuir a la eficacia de las políticas de la presente administración, pues se habían iniciado desde el final de la administración de Calderón. Si

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la matanza de y entre los delincuentes ha disminuido ello parece ser más resultado de que en varios lugares en disputa un grupo criminal terminó por imponerse a sus rivales, que a las acciones gubernamentales. Pero observar esto no significa disminuir la importancia de la disminución de los homicidios, pues por las razones que sean ello es preferible a que este delito tuviera similar nivel al de 2010-2011 o que hubiera seguido escalando.

Pero respecto a secuestros y extorsiones lejos de acercarse a la meta de reducción, el gobierno del Presidente Peña se ha alejado; respecto a estos delitos el país vive el peor momento en su historia. Y la razón de ello es que el gobierno no ha demostrado voluntad

política en tres frentes principales:

 Hacer que los responsables directos de la seguridad pública y los gobernantes enfrenten consecuencias por incumplir la obligación de recuperar la seguridad pública.

 Actuar con plena determinación contra los grandes grupos criminales, los cuales son por cierto los principales impulsores del disparo de secuestros y extorsiones, entre otros delitos.

 Proceder contra los gobernantes y servidores públicos que protegen o solapan a esos grupos criminales.

Mientras no se actué en esos tres frentes, el problema de la inseguridad se mantendrá y eventualmente se agravará. De ser así el gobierno federal no sólo incumplirá con sus metas sexenales de reducción del delito, sino que –como sus antecesores- entregará un país más inseguro del que recibió.





1.3.4 Las políticas de las administraciones locales y la penetración del crimen organizado Los gobiernos en Jalisco, salvo de manera parcial las cuatro últimas administraciones, han carecido de verdaderas políticas de seguridad. Pero lo que no faltó desde finales de los años setenta del siglo XX es una complicación creciente del problema de la inseguridad.

De esa complicación, una faceta, la de la incidencia de los delitos del fuero común dio muestras claras de crisis hacia finales de los años ochenta. La otra faceta de la complicación se inició entre 1978 y 1979, cuando se produjo la decisión política de crear el Cártel de Guadalajara y hacer de esta ciudad la capital del narcotráfico.

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Cuando los capos empezaron a migrar, sobre todo desde Sinaloa, Flavio Romero de Velasco (1977-1983) gobernaba el estado. Resulta impensable que no estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo, como tampoco es verosímil suponer que fuera ajeno al esquema de protección Enrique Álvarez del Castillo (1983-1988). Los capos eran demasiado visibles por su adquisición de inmuebles y vehículos, sus escoltas, sus contactos como policías, funcionarios federales y caciques locales, sus generosas propinas y sobornos y por sus francachelas, que no pocas veces incluían nutridos disparos al aire de sus armas de alto poder.

Tampoco es creíble que los siguientes gobernadores, el interino Francisco Rodríguez Gómez (1988-1989) y Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992), tampoco estuvieran al tanto de lo que ocurría y no contribuyera a que Guadalajara siguiera siendo zona de confort para los narcos, pese a que tras del asesinato de Enrique Camarena en 1985, el Cártel de Guadalajara entró en decadencia.

Quien menos podía alegar desconocimiento de la realidad de Guadalajara era Guillermo Cosío Vidaurri, cuando que su sobrina Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez acompañó en su huida a Rafael Caro Quintero a Costa Rica, donde fue aprendido el 4 de abril de 1985, por su responsabilidad en el asesinato de Camarena.

Cosío Vidaurri no terminó su mandato como consecuencia de la tragedia de Guadalajara del 22 de abril de 1992, cuando fugas de combustible provocaron una explosión en todo un sector de la ciudad, con saldo de cuando menos 200 muertos. En su calidad de principal responsable de la protección civil, Cosío Vidaurri fue claramente negligente en prevenir la tragedia y en reaccionar ante ella.

A Cosío Vidaurri tocó el vació de poder que provocó la caída de Félix Gallardo y el inicio de la rebatinga por la plaza entre facciones de sus anteriores lugartenientes, así como la creciente descomposición de la policía y el disparo de la incidencia de los delitos del fuero común. Pero estos indeseables desarrollos se acentuarían bajo el gobierno de su sucesor, el interino Carlos Rivera Aceves (1992-1995).

En el número 26 de la publicación bisemanal “Agenda de Seguridad Pública” correspondiente a diciembre de 1998, editado por el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO) y México Unido Contra la Delincuencia, se publicó el artículo “Guadalajara ha entrado en la dinámica de delincuencia desbocada, como el DF

hace unos pocos años”, en el que expresa:

“En Jalisco en general, hay un dramático incremento criminal en la década, empujado principalmente por la evolución delictiva de Guadalajara. Como se puede apreciar en la

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tabla, entre 1993 y 1997 (cinco años) el índice delictivo creció en un 30 %; el robo a casahabitación en 42 %; el secuestro en 67 %; el robo de vehículos en 106 %; el asalto bancario en 266 % y el asalto a transportes de mercancías en un ¡10,751 %!”97

El artículo incluye la siguiente tabla:

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El artículo cita como fuente de los datos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y las cifras son consistentes con las que a partir de 1997 ofrece el SNSP, por lo cual esta información parece confiable y es reveladora. No incluimos estos datos en la parte en que analizamos la incidencia delictiva del estado por no tener pleno carácter oficial.

Los índices delictivos que ya eran elevados crecieron a partir de que Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) tomó posesión como gobernador, pero según datos oficiales la incidencia empezó a declinar a partir de 1998. Cuando menos respecto a homicidio doloso y robos de vehículos las cifras oficiales a la baja son consistentes con las de fuentes alternativas (el INEGI en el caso de homicidio y AMIS en el caso del robo de vehículos).

Durante la administración de Cárdenas se intensificó la disputa por el control de Guadalajara y Jalisco entre, por un lado la organización de Pedro Lupercio Serratos y la de Amado Carrillo Fuentes, que se definió en favor del segundo. Tras la muerte del capo asumió el control de la plaza su lugarteniente en Jalisco, Ignacio Coronel. Al final de la administración de Cárdenas se dio la consolidación del control de Coronel e inició la disminución de la narco-violencia.

Pero hubo numerosos señalamientos de colaboradores de Cárdenas estaban vinculados con los grupos criminales, además de que crecieron las denuncias sobre la corrupción en la policía y la implicación directa de agentes en delitos como el secuestro, la extorsión y el robo.

Los dos casos más destacados son los de Saúl Tapia Contreras, Oficial Mayor y Horacio Montenegro Ortiz (capitán del ejército), Director de Seguridad Pública. El primero dejó el

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cargo en junio de 1996 tras de ser señalado como lavador de dinero del capo Pedro Lupercio Serratos, quien finalmente fue detenido en agosto de ese año. El segundo era un operador clave en el esquema de protección montado en favor de Amado Carrillo por el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Montenegro Ortiz fue destituido del cargo en febrero de 1996, por su desaseado manejo en el rescate de una joven secuestrada, quien terminó muerta98.

Durante la administración de Francisco Ramírez Acuña (2001-2006) y el gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez (2006-2007), según cifras oficiales la incidencia delictiva siguió bajando, aunque como señalamos en su momento según las encuestas de victimización ocurrió exactamente lo contrario.

El periodo de Ramírez Acuña se consolidó el control de Ignacio Coronel sobre Jalisco, arropado a partir de 2001 por La Federación y sobre todo por Joaquín Guzmán. Coronel pudo operar, sobre todo en la producción masiva de metanfetaminas, sin ser molestado ni por autoridades federales ni por las locales.

Durante la primera mitad del mandato de Emilio González Márquez (2007-2013) la incidencia delictiva se mantuvo a la baja según cifras oficiales, para en la segunda, mitad, según las mismas cifras, repuntar.

Por otro lado el gobernador Emilio González Márquez mostró un claro escepticismo ante la propuesta de Felipe Calderón de establecer un mando único estatal sobre las policías municipales y durante su mandato éste no llegó a concretarse.

Tras la muerte de Ignacio Coronel en julio de 2010, la violencia que ya venía subiendo desde 2008 por las disputas de los grupos criminales, escaló todavía más, dada la pugna por ocupar el liderazgo que el capo tuvo. Bajo el gobierno de González Márquez Jalisco enfrentó formas inéditas de violencia de los grupos criminales, como fueron los bloqueos que desquiciaron el tránsito en la Zona Metropolitana de Guadalajara, primero perpetrados por La Resistencia y después por el CJNG.

Durante el gobierno de González Márquez surgieron los primeros señalamientos en contra de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, su Secretario de Seguridad Pública hoy Fiscal general del Estado. En septiembre se dio a conocer el documento “La otra cara de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco”, supuestamente firmado por policías preventivos y ministeriales del estado en el acusaban al funcionario y a sus colaboradores de estar al

servicio de los capos del narcotráfico:

Policías municipales y estatales, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), enviaron a la Presidencia de la República un

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documento en el que denuncian que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y sus principales colaboradores están relacionados con la delincuencia organizada.

Casi un centenar de policías acudieron a las oficinas de Proceso Jalisco en Guadalajara y entregaron una copia de su denuncia. Afirman que también enviaron el documento a los congresos local y federal para "desenmascarar" a Nájera.



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