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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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Ante esta situación, los frecuentes escándalos y las denuncias por graves y frecuentes violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, Miguel de la Madrid (1982-1988) tomo una serie de iniciativas como parte de su política de “renovación moral”. Disolvió la DIPD de la policía capitalina, encarceló a Arturo Durazo e inició el despido y encarcelamiento de algunos agentes de la policía capitalina.

Pero la “renovación moral” fue un ejercicio de simulación como muchos otros que después vendrían. Muchos agentes de la DIPD pasaron a la policía judicial capitalina donde continuaron con sus tropelías. Durazo fue acusado por delitos menores (por los cuales permaneció preso por ocho años). Por supuesto no se llamó a cuentas a López Portillo por haber permitido la descomposición de la policía capitalina. La Hermandad siguió controlando a la corporación y organizando y protegiendo al hampa. No se hizo ningún esfuerzo por abatir los índices criminales que siguieron creciendo al igual que la impunidad.

Pero además el gobierno que simulaba la depuración de la policía capitalina, al mismo tiempo daba toda su protección al Cártel de Guadalajara, hasta que estalló el escándalo con motivo del asesinato de Enrique Camarena en 1985. Pese a ello continuó la protección al Cártel de Guadalajara y a su máximo jefe operativo Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien no se detendría sino hasta el sexenio siguiente. Tampoco se llamó a cuentas a José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS quien jugaba un papel, crucial en la operación de la organización criminal y sólo se le destituyó (para ser encarcelado hasta el sexenio de Carlos Salinas).

La administración de Miguel de la Madrid fue similar a la de su predecesor por la falta de una política para abatir índices criminales, corrupción e impunidad El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) tampoco tuvo una política sistemática en la materia. Ante el narcotráfico optó por no favorecer una organización centralizada, lo que dio lugar al surgimiento de una serie de bandas que rivalizaron entre sí, lo que al parecer coincidía con los intereses de la administración salinista.

El gobierno de Salinas capturó al capo al capo Miguel Ángel Félix Gallardo a fin de poner fin a la injerencia de políticos de la anterior administración en el narcotráfico, al tiempo que así buscaba congraciarse con el gobierno estadounidense.

No fue ninguna casualidad de Carlos Salinas haya designado como Procurador General de la República a Enrique Álvarez del Castillo (diciembre de 1988 a mayo de 1991), quien había sido gobernador de Jalisco entre 1983 y 1988 y que en esa calidad fue parte decisiva del

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esquema de protección del Cártel de Guadalajara. Para domar a los capos había que poner como domador a alguien que los conocía bien y los había cobijado.

Al respecto sostiene Anabel Hernández en “Los señores del narco”:

“El primer procurador había sido Enrique Álvarez del Castillo, quien ocupaba el puesto a pesar de su mala fama por proteger al cártel de Guadalajara (que después sería conocido como cártel de Sinaloa) y su mala relación con Estados Unidos a raíz del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido durante su mandato en Jalisco. En efecto, lo más destacado del currículum de Álvarez del Castillo es que ante sus narices se había extendido el cártel de Guadalajara inyectando dinero al Estado por medio de inversiones inmobiliarias y empresariales. Aquéllos fueron los años dorados de Miguel Ángel Félix Gallardo, así como de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y sus protegidos: su sobrino Amado Carrillo y su hijo putativo Rafael Caro Quintero.

“Carlos Salinas de Gortari mantuvo a Álvarez del Castillo en el cargo durante los tres primeros años de su administración, pese a las pruebas que el gobierno norteamericano le había enviado sobre el presunto involucramiento del procurador con el narcotráfico”89.

Por otro lado existen numerosos señalamientos acerca del decisivo papel jugado por Raúl Salinas, hermano del entonces presidente, en las relaciones con los capos. Raúl Salinas habría optado por favorecer durante la primera fase de la administración al Cártel del Golfo liderado por Juan García Ábrego90, quien se había convertido para entonces en el principal introductor de cocaína hacia los Estados Unidos (casi a la par se encontrarían entonces las organizaciones de los hermanos Arellano Félix y la de Rafael Aguilar Guajardo).

Pero el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar para que se actuara contra García Ábrego. Entonces el favor gubernamental fue pasando de éste capo a Amado Carrillo Fuentes.

Las dos contribuciones más nefastas de la administración de Carlos Salinas a la crisis de seguridad fueron, por un lado, el haber iniciado la política de dejar que los grupos criminales dirimieran sus diferencias con creciente violencia y, por otro, favorecer la contaminación de las policías locales en particular las municipales.

La primera “guerra” entre narcos fue la ofensiva de Juan García Ábrego para barrer a sus rivales en Tamaulipas, en particular en Matamoros, entre 1988 y 1990. La segunda “guerra” que se dejó correr fue la confrontación entre los hermanos Arellano Félix y la alianza entre Joaquín Guzmán y Héctor Palma. Y la tercera más sangrienta “guerra” fue la de Amado Carrillo para apoderarse de la plaza de Juárez, que se inició con el asesinato del capo Rafael Aguilar Guajardo en abril de 1993. Esta guerra siguió hasta 1996 y cobró al menos un millar de muertos, entre ejecutados y desaparecidos (alrededor de 200 de los segundos).





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Al dejar correr las matanzas entre narcos los autores de esta política se suponían muy maquiavélicos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era sembrar la semilla del Estado fallido y de ola de violencia que cobraría decenas de miles de muertes.

Ante esta política los capos fueron cobrando conciencia de su poder: que mediante la violencia podrían obtener cuanto quisieran incluso las rentas lícitas e ilícitas más allá del narcotráfico. Con el tiempo irían perdiendo el respeto por sus protectores y los irían tomando como sus sirvientes.

Una de las prácticas más nefastas durante la administración de Álvarez del Castillo en la PGR consistió en que los comandantes de la Policía Judicial Federal se les autorizó a habilitar como ayudantes a policías estatales y municipales en diferentes estados del país. A estos policías los comandantes de la PJF les pagaban un sobresueldo, que no salía de sus bolsillos o del presupuesto de la PGR, sino de las arcas…de los narcotraficantes.

La combinación de ambas políticas, la de dejar correr la violencia entre narcos y la de involucrar a policías locales en acciones “contra” el narcotráfico tendría un efecto desastroso. Cuando los capos cobraron más conciencia de su poder y se convirtieron menos dependientes de la protección, se dieron a la tarea de capturar corporaciones policiales municipales y estatales, a las que ya habían financiado indirectamente en el pasado. Si los capos estaban dispuestos a gastar más dinero al tener en sus nóminas a todos o casi todos los integrantes de una corporación policial local, en lugar de sólo pagar sobornos a sus jefes, era porque los narcos querían dejarle claro a cada agente que ellos eran los que mandaban, no sus comandantes.

Respecto al problema de la inseguridad y la corrupción de la policía en el Distrito Federal, el regente de Salinas, Manuel Camacho nombró como Secretario de Protección y Vialidad a Javier García Paniagua (el cargo era muy menor en comparación con a los que había tenido cuando en el sexenio de José López Portillo peleó por ser candidato a la Presidencia de la República). El nombramiento fue inicialmente interpretado como el intento para someter a La Hermandad mediante un personaje que parecía más duro que los integrantes de esa mafia.

En realidad lo que García Paniagua hizo fue pactar con la Hermandad para que “le bajaran” en su promoción del crimen, a fin de aumentar las posibilidades de Camacho, quien aspiraba a ser candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994. En consecuencia los índices criminales bajaron entre 1989 y 1992 (año en que García Paniagua dejó el cargo). A partir de 1993 los índices criminales repuntaron y se dispararon a partir de 1994.

Con las diferencias respecto a sus dos predecesoras, la administración de Salinas mantuvo la misma carencia de una política para abatir la incidencia criminal, la impunidad y la

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corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Al final del mandato de Salinas el país era más inseguro del que recibió.

La administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue la primera en tratar seriamente de encarar el problema de la inseguridad, para lo cual en el tema su política tuvo tres ejes principales: la formación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) la aprobación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Con la creación del SNSP se buscaba hubiera una política común para enfrentar a la delincuencia por parte de los tres niveles de gobierno, con el liderazgo del ejecutivo federal.

Las principales líneas de acción del SNSP fueron: la realización de evaluaciones de los integrantes de todos los cuerpos de seguridad del país y la consecuente depuración; la creación de un sistema uniforme e integrado de información, que iba desde la recopilación de estadística sobre incidencia criminal hasta la conformación de bases de datos de averiguaciones previas, órdenes de aprehensión, antecedentes criminales, vehículos con reporte de robo y expedientes judiciales; la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno en acciones donde hubiera una intersección de competencias.

El SNSP fue un avance importante en la dirección correcta porque partía de la premisa de que las diferentes autoridades debían dar una respuesta unificada ante problemas comunes. Pero el SNSP presentaba dos defectos de origen: primero, que no se fijaba metas concretas de reducción de los delitos, la impunidad y la corrupción a cumplirse en plazos perentorios; segundo, que los acuerdos no eran realmente vinculantes, que los integrantes del SNSP no enfrentaban sanciones si no cumplían (incluso ni siquiera estaban obligados a comprometerse).

Por eso, a casi 20 años de la creación del SNSP ni siquiera se han cumplido sus programas iniciales como es evaluación de todos los integrantes de la fuerza pública. Asimismo la estadística criminal es incompleta y, sobre todo, no es fidedigna.

La aprobación de una ley sobre delincuencia organizada fue en principio otro paso en la dirección correcta, pues definía al crimen organizado, establecía la responsabilidad del ministerio público federal en combatirlo y reconocía la adopción de métodos especiales, sobre todo en materia de inteligencia, para hacer frente a los grupos criminales.

Pero la ley presentaba varios defectos. Cuando se trataba de delitos del fuero común cometidos por grupos criminales, el ministerio público federal ejercía atracción de manera discrecional, es decir, sin que se estableciera criterios de intervención. Esto sirvió como pretexto para que los gobiernos estatales eludieran sus responsabilidades en espera de que el ministerio público federal ejerciera atracción. Asimismo la figura del arraigo ha dado lugar a graves violaciones a los derechos humanos.

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Pese a estos esfuerzos el resultado neto de la administración de Zedillo es que, como sus antecesores, dejó un país más inseguro del que recibió.

Frente al narcotráfico la administración de Zedillo siguió la misma línea de Salinas contraria a reconstituir una organización centralizada como fue el Cártel de Guadalajara. Pero al igual que al administración anterior hubo capos y “cárteles” más favorecidos que otros y se dejó correr la matanza entre narcos.

Amado Carrillo, quien aspiraba a reconstituir al Cártel de Guadalajara o algo parecido bajo su mando absoluto, no fue detenido y en Juárez se impuso con extrema violencia, sin que el gobierno de Zedillo lo impidiera. El capo falleció en 1997, en circunstancias que aún hoy siguen siendo controvertidas (durante una operación de cirugía plástica), pero no estuvo ni cerca de ser capturado, pese a la creciente presión del gobierno estadounidense. Tras la muerte del capo su organización siguió operando sin mayor problema, aunque varios de sus lugartenientes se independizaron como Ignacio Coronel en Jalisco, quienes también siguieron operando sin mayor problema.

Contra Ernesto Zedillo pesan señalamientos de, en el mejor de los casos, haber sido negligente ante los presuntos vínculos de familiares de su esposa con capos. Su suegro Fernando Velazco Márquez y su cuñado Fernando Velazco Núñez fueron señalados por tener vínculos con la organización de los Amezcua Conteras, “los reyes de las metanfetaminas” y haber influido en la administración zedillista para que se les protegiera.

También un primo del expresidente fue señalado por vínculos con Amado Carrillo91.

Respecto a dejar correr la violencia entre narcos (y contribuir así a la amenaza del Estado fallido) un primer conteo de ejecuciones indicó cuando menos un millar en 1998, cuando que en promedio hasta 1985 los homicidios atribuibles a los narcos apenas superaban los 200 por año y llegaron a 500 al final del sexenio de Salinas.

El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) no sólo no hizo ninguna contribución a resolver el problema de la inseguridad sino que contribuyó a agravarlo. Además favoreció las condiciones para el estallido de la ola de violencia a partir de 2008.

La frase de Fox de “Y yo porque”, con la que respondió ante las exigencias de seguridad de cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron el 27 de junio de 2004 en la ciudad de México, resume lo que fue la política de apatía, negligencia, frivolidad y corrupción de su administración ante la inseguridad.

Al igual que sus antecesores Fox entregó un país más inseguro del que recibió. En la obra El desafío de Enrique Peña - El desastre de seguridad de México, creado por su clase política,

señalamos:

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