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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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“Además, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, asentado en la sierra de Manantlán, en los límites de Jalisco y Colima, denunció formalmente que esos grupos han extraído y comercializado ilegalmente desde 2008 1 millón y medio de toneladas de mineral de hierro.

“El terror se desató también contra el pueblo nahua de Ayotitlán, en la costa sur de Jalisco, cuando se resistió al saqueo de estas especies: el 23 de octubre de 2012 fue desaparecido Celedonio Monroy, uno de los principales defensores del territorio.

“Igual que Ostula, Ayotitlán está cerca de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Los decomisos de la Profepa se registran principalmente en Colima, aunque investigaciones periodísticas han documentado que por Manzanillo salen hacia China los minerales y la madera que explota el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y por Lázaro Cárdenas los que saquean Los Caballeros Templarios”87.

1.3 La respuesta del Estado ante la inseguridad y el crimen organizado Cuando una jurisdicción sufre una crisis de seguridad pública como la que ha vivido México, ello no indica otra cosa que el Estado ha incumplido su obligación primordial que no es otra que la de controlar el crimen y en particular la violencia.

Pero si en principio una escalada delictiva indica que los responsables directos de la seguridad pública han sido negligentes y con ellos los gobernantes que los dirigen, puede haber causas todavía más profundas del problema.

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Si la negligencia obra como un factor criminógeno, es decir, que favorece el crimen, un factor criminógeno todavía más pernicioso es la corrupción, es la colusión de servidores públicos con criminales (sin poder público).

La corrupción de agentes del Estado cobra dos formas: la de su participación directa en la comisión de crímenes o bien la protección de delincuentes a cambio de sobornos.

Pero la corrupción del segundo tipo puede tener un agravante: el que los agentes del Estado no se hayan corrompido por iniciativa de delincuentes comunes, sino por iniciativa propia.

La corrupción de agentes del Estado ya sea en la forma de participación directa en delitos o mediante la venta de protección a delincuentes comunes y, ya sea resultado de la iniciativa de los protegidos o de los propios agentes del Estado, puede ir desde casos aislados e inconexos, hasta el extremo de tener un carácter generalizado y sistémico.

El peor escenario posible es que la corrupción tenga un carácter sistémico, se haya dado por iniciativa de agentes del Estados y además estos hayan decidido organizar a un hampa que estaba desorganizada.

Tal es el caso de México, cuando menos en el origen de una crisis de seguridad que ya se ha prolongado por más de 30 años.

Si tras del surgimiento de la crisis no resulte tan exacto sostener que agentes del Estado

continuaron organizando al hampa, cuando menos han mantenido hasta la fecha en diferentes grados- estos factores determinantes del problema:

 Una gran negligencia de los responsables directos de la seguridad pública como de los gobernantes que los comandan.

 Una corrupción que combina tanto aquella en la que se dan casos aislados e inconexos como la de carácter sistémico.

 La corrupción igualmente combina la participación directa de agentes del Estado en delitos como la venta de protección a delincuentes.

 La corrupción también se da como resultado de la iniciativa de los agentes del Estado como de los delincuentes que no disponen de poder público.

Ahora bien, cuando se habla de Estado hay que distinguir entre los poderes que lo constituyen y de los niveles que presenta su rama ejecutiva o administrativa (federal, estatal y municipal).

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El poder legislativo tiene responsabilidad en la seguridad pública al tener la facultad exclusiva de producir y reformar el marco legal, pero además de jugar un rol de contrapeso ante los otros poderes del Estado. El poder judicial también tiene una responsabilidad ineludible conforme a su función exclusiva de impartir justicia, para el caso penal.

Pero la responsabilidad central recae en el poder ejecutivo que tiene las facultades exclusivas de prevenir el delito (en sus tres niveles) y de perseguirlo (en sus niveles federal y estatal).

Respecto al narcotráfico y el crimen organizado en general la responsabilidad central de prevención y persecución recae en el gobierno federal, pero los gobiernos estatales también tienen obligaciones ineludibles ante delitos del fuero común, sin importar que sean cometidos o no por integrantes de organizaciones criminales.

Además debe considerarse que de acuerdo a la ley contra la delincuencia organizada el ministerio público tiene una facultad discrecional para ejercer atracción, de modo que mientras que no se ejerza, corresponde al ministerio público del fuero común la persecución por los delitos del fuero común cometidos por integrantes de los grupos criminales.

Si las autoridades locales fueran irrelevantes para los grupos criminales, estos no tendrían motivación para gastar tanto dinero y tanto esfuerzo en sobornarlas y en tomar control de corporaciones policiales completas. Es evidente que la operación de los grupos criminales requiere de manera indispensable la protección de autoridades locales y no sólo federales.





Ahora bien, si la crisis de seguridad es causada por una combinación de negligencia y corrupción, entonces las políticas para hacer frente a la inseguridad y al crimen organizado

tendrían que orientarse a resolver:

 La elevada incidencia criminal y el elevado nivel de la impunidad.

 La negligencia y la falta de consecuencias por la misma de los responsables directos de la seguridad pública y los gobernantes.

 La falta de integridad de los responsables directos de la seguridad pública y los gobernantes y la falta de consecuencias para quienes se corrompen.

Si la crisis de seguridad pública ha persistido en México es porque no se han combatido estos factores que la alimentan y se ha optado por la simulación, por una serie de acciones

y omisiones que realimentan la crisis:

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1. La práctica de reformar permanentemente el marco legal para supuestamente resolver problemas, que en realidad tendrían remedio con las leyes vigentes y con voluntad política.

2. La carencia de un esfuerzo genuino y sistemático parar erradicar al crimen organizado y su maquinaria de violencia y expolio.

3. La manipulación de cifras oficiales para simular una incidencia criminal inferior a la real.

4. La ausencia de metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes incumplan.

5. La práctica de premiar con impunidad y promociones a las autoridades y servidores públicos que han incurrido en negligencia.

6. La ausencia de metas de abatimiento de la impunidad y de estándares de productividad de la procuración de justicia.

7. La falta de una política sistemática para erradicar la corrupción, con el consecuente reproche penal para los corruptos.

8. La simulación de depuraciones en instituciones de seguridad y justicia, las cuales dejan intocados los problemas estructurales de corrupción y negligencia.

Conforme a las consideraciones expuestas se analiza sucintamente las políticas de seguridad pública puestas en práctica desde inicio de los años ochenta del siglo XX, con especial énfasis sobre su efecto en Jalisco.

1.3 1 Las políticas de las administraciones federales hasta Vicente Fox Desde finales de los años treinta del siglo XX hasta mediados de los setenta México vivió un nivel relativamente bajo de incidencia criminal. Los homicidios que todavía en la década de los cuarenta presentaban una elevada tasa de hasta 70 por cada 100 mil habitantes habían venido descendiendo, para alcanzar una de poco más de 20 por cada 100 mil habitantes al iniciar los años setenta.

Hasta antes de 1970 el secuestro era prácticamente inexistente en México y muy escasos los atracos bancarios y de todo tipo. Entonces no existía nada como el cobro de derecho de

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piso. No existía crimen organizado, pues las bandas de narcotraficantes estaban lejos calificar en esa categoría.

Pero ese nivel de seguridad pública relativamente aceptable no estaba garantizado por la vigencia de un estado de derecho efectivo, sino que era producto de una decisión discrecional del régimen autoritario y que por lo mismo ofrecía una garantía frágil, pues así como había decisión discrecional de mantener a raya al hampa podría surgir la decisión igualmente discrecional en el sentido contrario. Y de hecho esto es lo que terminó ocurriendo.

No existía un sistema de justicia penal íntegro, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. La policía no se asumía como sirviente de la comunidad y utilizaba métodos ilegales y brutales para someter al hampa, además de que distaba de ser profesional.

Aunque fuera fenómeno generalizado, había jefes policiacos que protegían a delincuentes comunes Las prisiones eran verdaderos basureros humanos.

La simulación de combate al narcotráfico cuando en realidad se le protege mientras se dan algunos golpes para aplacar las presiones del gobierno estadounidense, no es un fenómeno reciente: estuvo ahí desde la aparición del tráfico de drogas al inicio del siglo XX88.

Además el régimen político era autoritario y poco tolerante ante opositores y disidentes, además de sumamente corrupto.

Pero de cualquier modo en la clase política aún prevalecía la voluntad de mantener a raya al hampa, aunque no fuera por convicciones morales sino por los imperativos pragmáticos de no ceder ante nadie el monopolio de la violencia por “principio de autoridad”.

Pero inicios de los años ochenta del siglo XX empezó a cobrar forma, primero en la capital de la nación y luego en diferentes puntos del país, una escalada del delito hasta desembocar en una crisis nacional de seguridad pública.

Esa crisis, entre periodos en que se agrava y otros –en que en apariencia- se atenúa, ha persistido hasta la fecha, pero a partir de 2008 ha tenido su fase más violenta.

La crisis tuvo como su origen la corrupción de las autoridades directamente responsables de la seguridad pública y de los gobernantes. No es que delincuentes los hayan tentado y hayan cedido a la tentación: la iniciativa provino de los primeros.

Este proceso de descomposición tuvo dos ejes principales durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982): el relativo a la creación y operación del Cártel de Guadalajara y la creación de una “mafia” en la policía del Distrito Federal, bajo el mando de Arturo Durazo Moreno.

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La creación del Cártel de Guadalajara, como una organización que controlara todo el narcotráfico en el país, no fue una iniciativa de los jefes de bandas de narcotraficantes, sino una iniciativa de agentes del Estado del más alto nivel. Resulta muy poco probable que la decisión política de reorganizar el narcotráfico tras de la Operación Cóndor y hacerlo más rentable y de eludir la ofensiva creciente del gobierno estadounidense contra las drogas, haya sido ajena al conocimiento y voluntad del entonces Presidente de la República.

El que esta decisión marcara a Guadalajara y Jalisco desde entonces y que afectara la vida de sus habitantes, no es algo que les importó a quienes la tomaron.

Al tiempo que esto sucedía en la capital del país el jefe de la policía la empezó a transformar en, dicho sin exageración una organización, al servicio de fines criminales, en una pirámide en la que se extraía dinero para bombearlo hacia la cúspide. Su posterior encarcelamiento apenas castigó una pequeña parte del daño que causó y que perduraría por muchos años.

Para obtener el dinero que Durazo quería no sólo generalizó y sistematizó la práctica de sobornos y extorsiones que ya existían y de que se hacía objeto a automovilistas, dueños de “giros negros”, prostitutas y drogadictos, sino que además organizó el hampa local.

Expresión de ello fue la matanza de 16 delincuentes mexicanos y colombianos, cuyos cadáveres aparecieron en la desembocadura de aguas negras en el Río Tula, Hidalgo y que habían sido arrojados a por una lumbrera del drenaje profundo del Distrito Federal por agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la policía capitalina. Se trataba de ladrones que operaban con protección pero a quienes sus protectores decidieron privar de la libertad, torturar, quitar la parte de los botines con que se habían quedado (según lo pactado) y asesinarlos. Pero este no era un caso aislado.

Durazo formó todo un grupo de mandos que tras de su partida siguieron actuando como una “mafia” (La Hermandad) y que ejercerían el control efectivo de la policía preventiva capitalina por muchos años. Los integrantes de este grupo criminal enquistado en la policía organizaron el hampa y promovieron la realización de delitos hasta entonces poco conocidos como el asalto al transporte de carga y al transporte de pasajeros, fraudes con tarjetas bancarias y falsificación de documentos, además de organizar el robo de vehículos.

Asimismo un número crecientes de agentes se involucró directamente en la comisión de delitos.

En consecuencia se dispararon los índices delictivos en la ciudad y aumentó la violencia.

Esta corrupción se propagó a la policía judicial capitalina y después a las policías de otras entidades federativas con diferente grado de intensidad, con el consiguiente disparo de los índices criminales.

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En suma, si hubo una política del gobierno de López Portillo en esta tema fue la de permitir que la corrupción se volviera sistémica, que los policías organizaran el hampa y los índices criminales se dispararan.



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