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«Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla 20 de abril de 2015 Web. ...»

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 “La dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam informó –mediante una solicitud de información pública– que en el periodo 2006-2012, en Baja California Sur se desmantelaron mil 830 sitios en donde se vendía droga al menudeo; en Chiapas fueron 830 negocios; Distrito Federal, 9 mil 433; Guanajuato, 535; Guerrero, 685; Nayarit, 824; Nuevo León, 2 mil 148; Sinaloa, 989; Sonora, 3 mil 490; Yucatán, 521; Zacatecas, 474; Hidalgo, 251; Veracruz, 249; Baja California, 109; estado de México, 175; Durango, 140; Colima, 118, y Puebla, 111.

“Con menos de cien narcotienditas desmanteladas en ese periodo están los estados de Campeche, Coahuila, Jalisco [énfasis nuestro], Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas”41.

 “Las cifras de la FGE detallan que en enero [de 2014] ser presentaron 512 casos de narcomenudeo y que durante la primer quincena la Colonia Oblatos de Guadalajara, fue la que más acciones tuvo al respecto.

“En Zapopan la colonia más afectada fue San Juan de Ocotán; en Tlaquepaque la Colonia Santa María Tequepexpan es la que más incidentes registró; en Tonalá la Colonia Jalisco fue la zona más conflictiva.

“En el periodo del 16 al 31 de enero [de 2014] en Guadalajara de nueva cuenta la Colonia Oblatos fue la más afectada por el narcomenudeo; en Zapopan la Colonia La Estancia presentó mayor índice de delitos; en Tlaquepaque le tocó a Las Juntas; en Tonalá aumentó el índice en Alamedas de Zalatitán.

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“Durante todo el mes de enero el Centro de Guadalajara también presentó índices elevados de narcomenudeo.

“Respecto al año pasado, en el mismo periodo del 1 al 31 de enero, el delito de narcomenudeo fue el segundo con más incidencia con 431 casos, por lo que en el 2014 ya se presentó en un mes un aumento del 18.7%”42.

Jalisco es la entidad federativa del país en la que el Departamento del Tesoro ha identificado el mayor número de negocios lícitos que sirven para lavar dinero proveniente del

narcotráfico. En una nota de El Universal del 22 de marzo de 2015 se informa:

“En 16 de las 32 entidades de la República Mexicana han sido ubicadas 216 empresas legítimas vinculadas de algún modo con el crimen organizado. Ser parte de las redes de lavado de dinero o colaborar con el tráfico de estupefacientes fueron sus delitos, afirma la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Entre 2002 y 2014 se han sumado 17 nuevas compañías mexicanas cada año, en promedio, a esta lista. Jalisco, Sinaloa y Baja California son los lugares en donde se localizaron más “narcoempresas”. Los tres estados suman 163 sociedades enlistadas en la OFAC. Siete de cada 10 compañías fichadas se encuentran ahí.

“Hasta 2014, Sinaloa tenía un solo dueño y era el cártel de Sinaloa. De las 39 empresas enlistadas, 35 eran acusadas de formar parte de la red de negocios de este grupo, según el Departamento del Tesoro.

“En la famosa Perla Tapatía, el cártel de Caro Quintero ha logrado permear en un sinfín de actividades. De las 89 empresas con sede en este lugar, 44 tienen una supuesta relación con el capo. Su red ha alcanzado desde lavado de autos, restaurantes, compañías de construcción hasta varias inmobiliarias, uno de los ramos predilectos para esconder ganancias del crimen”43.

Cuando se revisa el listado completo de individuos y razones sociales que Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado y sancionado en los últimos 20 años, respecto a México hay 6,981 menciones, de las cuales 975 corresponden a Jalisco (casi el 14% del total)44.

El análisis de estos datos permite determinar que de las 6,981 menciones aproximadamente un 40% corresponden a una misma persona o razón social pero con más de un domicilio. En el caso de Jalisco el número efectivo de personas y razones sociales es de 592.

Asimismo una nota del portal Informador.mx refiere:

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“Los indicadores que elabora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para medir la vulnerabilidad de las entidades federativas en materia de lavado de dinero, ubican a Jalisco como uno de los territorios más importantes para el blanqueo de fondos ilícitos en el país “Jalisco es el segundo Estado con más operaciones inusuales detectadas por la UIF en el periodo 2007-2013, con 56 mil 072, sólo después del Distrito Federal (169 mil 922). En este apartado también se consideran los comportamientos transaccionales de usuarios que repentinamente se salen por completo de su patrón habitual, ya sea que varíen el monto o la frecuencia de sus movimientos financieros, o que resulten extraños a sus actividades económicas declaradas.

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Es de llamar la atención con relación al país en su conjunto y Jalisco en particular el pese a los señalamientos y sanciones del Departamento del Tesoro el gobierno no emprenda acciones equivalentes contra individuos y empresas que lavan dinero. Algunas de esas empresas no sólo siguen operando como si nada, sino que en algunos casos son proveedoras del gobierno o bien para operar precisan de concesiones gubernamentales.





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Ejemplo de ello para Jalisco es el de cadenas de gasolineras que lavan dinero y roban a sus

clientes al no suministrar litros completos de combustible:

“En 2013 las autoridades de Estados Unidos bloquearon las fuentes económicas probables de Caro Quintero. En octubre de ese año boletinó a un presunto socio del capo y junto con él a la gasolinera Petro London S.A. de C.V.

“A pesar de esto, su nombre sigue figurando como una de las franquicias de Pemex en Zapopan, Jalisco. Su contrato la mantendrá en el negocio hasta enero de 2023. Además, en 2010 la Profeco la calificó negativamente por dar litros incompletos.

“El caso es igual para Energéticos Vago, servicio de gasolinera ubicado en Tlajomulco, Jalisco, y que inició operaciones desde 2008, cinco años antes de ser fichada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según las dos revisiones que le ha hecho Profeco, una en 2009 y la otra en 2010, la gasolinera opera de manera adecuada”47.

En suma, Jalisco no solo es un estado estratégico en el esquema nacional e internacional de la producción y trasiego de metanfetaminas, sino también los es para el lavado de dinero por operaciones de narcotráfico que incluso no se realizan en su territorio.

1.2.3 La violencia de los grupos criminales El narcotráfico en tanto actividad clandestina implica en principio el riesgo de violencia, pues agentes del respectivo mercado ilegal pueden decidir que en lugar de competir por los clientes es preferible derrotar a sus competidores mediante la coerción.

Pero el que este riesgo se concrete o no depende de la capacidad del Estado para cumplir su función esencial y que es precisamente la de controlar la violencia. De hecho en los principales mercados de drogas ilícitas en el mundo el nivel de violencia es muy inferior al observado en México. Los que los narcotraficantes saben en Estados Unidos o en Europa es que un elevado nivel de violencia equivale a atentar contra el negocio, pues los Estados van a reaccionar con mucha mayor severidad a si, por el contrario, la actividad se limita a la producción y el comercio.

Carecen de sustento empírico las suposiciones de que necesariamente presentan un alto nivel de narco-violencia naciones que son productoras-exportadoras de drogas o que sirven como puntos de paso a los mercados principales o que se encuentran en vías de desarrollo.

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Por ejemplo el nivel de narco-violencia en Perú o Bolivia es comparativamente muy bajo pese a estos países han sido productores de cocaína y que están desplazando como principal proveedor de esta droga a Colombia.

Igualmente es errónea la noción de que cuando de manera efectiva o en el discurso los gobiernos intensifican la “guerra contra las drogas” ello dispara la violencia entre narcotraficantes o de estos contra agentes del Estado y personas inocentes. Por ejemplo, en Colombia en los últimos 12 años la baja de la violencia homicida coincide con las mayores acciones habidas para erradicar la producción de cocaína y heroína.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar lo equivocado de esas nociones. En México durante varias décadas el narcotráfico no implicó un alto nivel de violencia, ni siquiera cuando desde inicio de los años sesenta del siglo XX se convirtió en mejor negocio que nunca.

La violencia empieza a crecer a inicios de los años noventa como consecuencia de las omisiones del Estado. Y después cuando trató de refrenar la violencia pero tampoco hizo lo suficiente.

Aunque en el país la narco-violencia venía creciendo desde los años noventa, se intensificó a partir de 2008, alcanzó su cima en entre 2010 y 2011 para empezar a declinar a partir de 2012, aunque el nivel actual sigue siendo muy por encima del de 2007.

El aumento de la violencia a partir de 2008 respondió a las disputas entre grandes grupos criminales que trataban de apoderarse de rutas, territorios y plazas de sus competidores o trataban de preservar lo que tenían ante el asalto de sus rivales.

A escala nacional las disputas principales se dieron entre dos facciones de lo que antes fue La Federación (la asociación de diversos capos surgida en 2001). Una facción era encabezada por los hermanos Beltrán Leyva y la otra por Joaquín Guzmán (quien tenía como principales socios a Ismael Zambada y a Ignacio Coronel).

La facción de los hermanos Beltrán Leyva trabó una alianza con Los Zetas, que habían sido rivales de La Federación. Juntos los antiguos rivales chocaron con la organización de Guzmán en diversos frentes, incluido el Estado de Jalisco.

Mientras esta pugna a escala nacional se desarrollaba, Joaquín Guzmán desató otras dos “guerras” muy sangrientas en forma simultánea para arrebatar las plazas de Tijuana y de Juárez a las organizaciones de los hermanos Arellano Félix y de Vicente Carrillo Fuentes,

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respectivamente. Asimismo a partir de 2010 se reanudó e intensificó la disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y en estados del noreste del país (Nuevo León y Coahuila).

En el caso específico de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara la violencia homicida en general (considerando todos los homicidios y no sólo los atribuibles a los grandes grupos criminales) empezó a disminuir a partir de 1997 hasta alcanzar su punto más bajo entre 2004 y 2007. Esto al parecer fue el resultado del control ejercido por Ignacio Coronel y a la asesoría que le habría dado Juan José Esparragoza Moreno, un capo que supuestamente era menos dado a la violencia porque ello afectaba el negocio. Tras la muerte de Coronel la violencia escaló todavía más.

Como puede observarse en la siguiente tabla en Jalisco entre 2008 y 2013 se produjeron 3,912 homicidios más de los que se habría habido de mantenerse el promedio anual de 495 por año del periodo 1997-2007.

Tabla 33 Homicidios en Jalisco y ZM Guadalajara y aquellos, probablemente, resultado de la escalada de la pugna entre grupos criminales

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Nota: Elaboración propia a partir de datos del INEGI. La ZMG para efecto de este ejercicio incluye los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Tonalá y Tlajomulco.

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Nota: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.

Es decir, las pugnas entre los grupos criminales han causado entre 2008 y 2013 un total de 3,912 muertes en Jalisco y 2,172 en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Nota: Elaboración propia a partir de datos del INEGI y del gobierno de Felipe Calderón.

La tabla 33 presenta un comparativo entre el número de homicidios atribuibles a los grupos criminales que habrían tenido lugar en Jalisco entre 2008 y 2011 y el número que nosotros calculamos. Las sumas de los 4 años de ambas fuentes son coincidentes, si bien haya diferencias importantes respecto a 2011.

El gobierno de Felipe Calderón realizó este conteo (que consideró casos desde diciembre de 2006) hasta que lo suspendió en septiembre de 2011, al parecer porque percibió que le resultaba políticamente adverso. Las cifras de 2011 son una proyección a partir de datos

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preliminares de enero a septiembre de ese año que publicó la PGR (el carácter preliminar de las cifras podría explicar que se encuentren por debajo de nuestro cálculo).

Quepa señalar que entre 2008 y 2013 el total de homicidios dolosos en Jalisco fue de 6,882 (según datos del INEGI), cifra que es inferior a las de Chihuahua (22,104) Guerrero (11,737) y Sinaloa (9,183), pero por encima de otros estados que han sido escenario del conflicto entre grupos criminales: Nuevo León (6,425) Baja California (6,266), Tamaulipas (5,079), Durango (4,969), Michoacán (4,901), Veracruz (4,271), Coahuila (3,556), Morelos (2,705), Nayarit (1,988), San Luis Potosí (1,894) y Zacatecas (1,552).

Ciertamente se trata de cifras absolutas y estamos haciendo abstracción del tamaño de la población de cada entidad federativa, pero de cualquier modo esto da una idea de letalidad de los grupos criminales en Jalisco.

Ahora bien, además de las cifras globales es menester considerar las relativas al tipo de víctimas de la violencia de los grupos criminales, que presentan tres categorías: la de los propios delincuentes (violentos o no), servidores públicos y autoridades y personas inocentes (que no son servidores públicos o autoridades). Asimismo debe considerarse las formas y objetivos de esta violencia y el que no todas sus acciones estaban relacionadas con el narcotráfico.

Respecto al tipo de víctima primeramente habría que referirse a la forma en que murieron.

Según los datos de la PGR (durante el sexenio de Felipe Calderón) el 89% de los homicidios atribuibles a los grupos criminales en el país fueron ejecuciones, es decir las víctimas no se enfrentaron a sus victimarios y en la gran mayoría de los casos los asesinados no estaban armados.



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