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«ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Nivel 1 Los Estados Unidos son un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, transgéneros y niños, tanto ...»

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Otro informe indicó que, aun en los estados que poseen leyes contra la trata de personas, las lagunas jurídicas en la legislación federal sobre inmigración y la debilidad de algunos códigos laborales estatales pueden dificultar el enjuiciamiento de los tratantes laborales. En algunos casos, las víctimas de la trata, incluidos menores de 18 años de edad, continuaron siendo tratadas como delincuentes.

El gobierno federal continuó recogiendo datos estatales y locales sobre investigaciones de trata de personas durante el período del presente informe mediante el Programa de Informes Uniformes de Delincuencia del FBI; sin embargo, no todas las jurisdicciones estatales y locales participaron, y en el momento de presentar el informe no se disponía de datos. No existe un mecanismo formal para dar seguimiento a los procesamientos en los ámbitos estatal y local.

El Gobierno de los Estados Unidos continuó realizando esfuerzos para capacitar a los funcionarios e intensificó su labor de intercambio de información. Por ejemplo, el DOJ elaboró una guía electrónica en línea para orientar las operaciones efectivas de equipos de tareas y puso en marcha un vasto fortalecimiento de capacidades para las fuerzas de seguridad, personal militar, proveedores de servicios sociales, inspectores laborales, abogados pro bono y otros. El DHS actualizó un curso de capacitación virtual y produjo vídeos de capacitación para el personal de las fuerzas del orden. Las entidades federales continuaron un proyecto piloto en 10 países a fin de aumentar el caudal de información sobre la trata de personas en el exterior con un nexo con los Estados Unidos. El FBI y la Dirección de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. (ICE) capacitaron a socios locales sobre indicadores de la trata sexual y dirigieron operaciones de aplicación de las leyes destinadas a mejorar la capacidad durante el Super Bowl de 2015 y posteriormente.

Protección El gobierno federal redobló sus esfuerzos por proteger a las víctimas de la trata; sin embargo, el número de víctimas que recibió ayuda migratoria específicamente vinculada a la trata descendió con respecto al período de informe anterior. Los Estados Unidos mejoraron la prestación de servicios multidisciplinarios de respuesta, centrados en la víctima para la identificación de víctimas y los servicios a ellas, certificaron a un número considerablemente mayor de víctimas de trata, prestaron servicios a un mayor número de víctimas y aumentaron el financiamiento para esos servicios. El gobierno federal cuenta con procedimientos formales para orientar a los funcionarios en la identificación de víctimas y su remisión a los proveedores de servicios; financia varias líneas de denuncias anónimas, tales como, una línea telefónica directa y un servicio de referencia administrados por una ONG;

y financia organizaciones no gubernamentales que prestan servicios específicos para víctimas de trata de personas.

La asistencia a víctimas financiada por el gobierno federal incluye la gestión y remisión de casos para atención médica y dental, salud mental y tratamientos por uso indebido de substancias, alimento y albergue, servicios de traducción e interpretación, asesoramiento legal y migratorio, empleo y capacitación, asistencia en transporte y otros servicios tales como apoyo para la justicia penal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) prestó servicios para una gestión integral de casos de víctimas de trata extranjeras y nacionales y financió subvenciones para el fortalecimiento de capacidades de los sistemas de protección de menores, a fin de responder a la trata. El DOJ prestó servicios integrales y especializados tanto para víctimas de trata extranjeras como nacionales. El financiamiento federal para la asistencia de víctimas aumentó en el año fiscal 2014. El DHS brindó acceso a las víctimas identificadas durante las investigaciones a servicios especializados y prestó apoyo a través de especialistas en asistencia a víctimas y en entrevistas forenses, durante las etapas de investigación y enjuiciamiento. Con esta asistencia, el DHS prestó asistencia a 446 víctimas de trata de personas en el año fiscal 2014, un aumento con respecto a 330 víctimas en el año fiscal 2013.

En el año fiscal 2014, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió 530 certificaciones para extranjeros adultos y 219 cartas de elegibilidad para niños extranjeros, un considerable aumento con respecto al año fiscal 2013, cuando el HHS emitió, respectivamente, 406 y 114. La certificación les permite a las víctimas adultas recibir servicios federales y estatales cuando se confiere Presencia Continua o cuando una víctima tiene una solicitud bona fide o aprobada de “categoría T de no inmigrante”, como se describe más adelante. La carta de elegibilidad permite el inmediato acceso a prestaciones y servicios financiados por el gobierno federal cuando hay información fidedigna que indica que un niño puede ser víctima de trata.

El HHS adjudicó $7,4 millones en el año fiscal 2014 a tres ONG por la prestación de servicios de gestión para casos de víctimas extranjeras, mediante una red nacional de subreceptores de ONG, un aumento con respecto a los $4,5 millones del año fiscal

2013. Por medio de esas concesiones, el HHS apoyó a 153 ONG proveedoras de servicios en todo el país, que prestaron asistencia a un total de 1.137 personas y sus familias, un aumento con respecto a las 915 personas del año anterior. Las ONG indicaron que la falta de capacitación en el proceso de certificación del HHS para empleados de las oficinas de prestaciones públicas dio lugar a la denegación equivocada de prestaciones para algunas de las víctimas y sus familias. En el año fiscal 2014, el HHS aportó nuevo financiamiento para atender a víctimas de trata nacionales, incluidos $1,44 millones para prestar servicios coordinados centrados en la víctima y $2,25 millones para abordar la trata de personas dentro de los sistemas de protección de menores.





Durante el período del presente informe, el DOJ prestó asistencia a un número mayor de víctimas de trata, incluso a más víctimas de trata que el año pasado. Desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, las entidades subvencionadas por el DOJ que prestan servicios a víctimas de trata informaron tener más de 2.782 casos abiertos, incluidas 1.366 víctimas nuevas, en comparación a 1.911 casos abiertos y

1.009 nuevas víctimas del año anterior. Las entidades subvencionadas por el DOJ informaron que el 55 por ciento de las víctimas atendidas durante el presente período de informe eran extranjeros y el 45 por ciento eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Durante el año fiscal 2014, el DOJ aportó fondos a 28 organizaciones que prestan servicios a víctimas en todos los Estados Unidos, alcanzando la cifra aproximada de $10,9 millones, en comparación con $11,2 millones en el año fiscal 2013 y $5,4 millones en el año fiscal 2012.

Los sistemas de registro utilizados por el DOJ y el HHS no permitieron el uso de referencias cruzadas para determinar cuáles víctimas fueron atendidas por ambos departamentos. Una ONG informó que todavía existen disparidades entre los niveles de protección para víctimas de trata sexual y de trata laboral, incluidas las víctimas de la trata laboral de menores. Un estudio financiado por el gobierno federal sobre trata laboral en los Estados Unidos señaló que algunos funcionarios locales de las fuerzas del orden no reconocieron los indicadores de la trata laboral y algunas de las víctimas de trata laboral pasaron meses o años después de escaparse antes de que las pusieran en contacto con proveedores de servicios. Las ONG continuaron informando que el financiamiento federal de servicios a las víctimas continuó siendo insuficiente para afrontar el gran número de necesidades de cada una de las víctimas.

Los albergues y viviendas para todas las víctimas de trata, especialmente para víctimas varones y de trata laboral, continuaron siendo insuficientes y en algunos casos dieron lugar a que las víctimas regresaran a situaciones inseguras. El gobierno federal aumentó considerablemente la provisión de fondos para víctimas de la trata de personas, por medio de la asignación más de $42 millones de fondos al DOJ y más de $15 millones de fondos al HHS para el año fiscal 2015. Las ONG informaron también que, en algunas ocasiones, las autoridades colocaron a las víctimas en residencias restrictivas, creando una situación que se asemejaba a las circunstancias que la víctima había padecido bajo el control del tratante.

Algunas ONG señalaron preocupación con respecto a la eficacia del gobierno federal en cuanto al control de niños migrantes no acompañados de quienes las autoridades federales tomaron conocimiento. La TVPA describe los procedimientos que se aplican a los niños que ingresan no acompañados de países contiguos y que son apresados en la frontera o puerto de entrada. Esos niños deben ser examinados para asegurarse de que no sean víctimas de la trata y que no corran riesgo de serlo, que no teman ser perseguidos y que sean capaces de tomar decisiones independientes sobre la posibilidad de retirar sus solicitudes de admisión a los Estados Unidos. Si cumplen con todas estas condiciones, se les puede permitir que retiren sus solicitudes y regresen a su país de origen. De lo contrario, esos niños deben ser tratados de la misma manera que los niños no acompañados de países no contiguos, quienes deben transferirse al HHS dentro de un plazo de 72 horas después de determinarse que el niño no está acompañado. Cuando se coloca a un niño bajo la custodia del HHS, se le examina para averiguar si es víctima de trata en los Estados Unidos o en el exterior. Cuando sea procedente, el HHS efectúa una determinación de elegibilidad para recibir beneficios y servicios, los cuales pueden incluir asistencia a largo plazo. En 2014 el HHS prestó asistencia a 113 niños víctimas de trata, a través de su programa para menores refugiados no acompañados, el cual exige que los estados presten la misma asistencia, cuidado y servicios disponibles para niños en régimen de acogida.

Los Estados Unidos prestaron apoyo a víctimas extranjeras y estadounidenses por medio de coordinadores de asistencia a víctimas en oficinas fiscales y de las fuerzas del orden durante las investigaciones y los procesamientos sobre trata, y brindaron protección inmigratoria para los extranjeros. El DHS ofrece dos formas de ayuda migratoria para víctimas de trata: Presencia Continua a corto plazo y “categoría de no inmigrante de visa T” a un plazo más largo (generalmente denominada visa T).

Ambas condiciones migratorias confieren el derecho de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Los solicitantes de la visa T deben estar en los Estados Unidos por motivos de trata de personas y cooperar con solicitudes razonables formuladas por los funcionarios de las fuerzas del orden, a menos que sean menores de 18 años de edad o no puedan cooperar debido al padecimiento de traumas. En la solicitud de una visa T, las víctimas pueden presentar peticiones para algunos familiares, incluso algunos miembros de la familia extendida que enfrenten peligros o represalias; los beneficiarios de la visa T y los familiares directos tienen autorización para trabajar y tienen derecho a determinadas prestaciones y servicios públicos federales. Después de tres años, o una vez que se finalice la investigación o el procesamiento judicial, las víctimas con visa T pueden tener derecho a solicitar la condición de residente permanente legal y, con el tiempo, pueden tener derecho a solicitar la ciudadanía.

En el año fiscal 2014, el DHS expidió Presencia Continua a 130 víctimas de trata que eran posibles testigos, un continuo descenso con respecto a 171 víctimas en el año fiscal 2013 y 199 en el año fiscal 2012. El DHS otorgó la visa T de no inmigrante a 613 víctimas y a 788 familiares de las víctimas elegibles en 2014, lo cual representa un descenso con respecto a 848 y 975, respectivamente, en los dos períodos anteriores. No se dieron a conocer las actualizaciones previstas para las normas de otorgamiento de la visa T. Ciertas ONG señalaron su continua preocupación con respecto al bajo número de condiciones de Presencia Continua que se expiden a las víctimas de trata y la dificultad que enfrentaron algunas de las víctimas de la trata para obtener la condición de Presencia Continua. En abril de 2015, el DOL comenzó la puesta en marcha de una nueva política para certificar solicitudes de visa T, que las ONG señalaron aportaría más posibilidades para prestar el apoyo necesario a las víctimas. Los informes de las ONG también indicaron que, en algunos casos, la aplicación de las normas de inmigración por los funcionarios de las fuerzas del orden estatales y locales afectó negativamente la buena disposición de las víctimas inmigrantes de acercarse a las autoridades locales en busca de ayuda.

Otro beneficio inmigratorio a disposición de las víctimas de la trata es la “categoría U de no inmigrante” (denominada por lo general visa U) para víctimas de determinados delitos habilitantes que ayudan en la investigación o procesamiento de la actividad delictiva habilitante. Hay un máximo reglamentario de 10.000 expediciones de visas U por cada año fiscal. En el año fiscal 2014, se otorgó la aprobación a 17 solicitantes principales para quienes la trata fue un delito habilitante. En 2015, el DOL extendió su programa de visa U a fin de considerar solicitudes de certificación para tres delitos habilitantes adicionales: trabajo forzoso, fraude en la contratación de trabajadores extranjeros y extorsión. Sin embargo, las ONG informaron que las víctimas de la trata continuaron enfrentando dificultades para obtener visas U, haciendo referencia, en algunos casos, a períodos de tramitación más largos y a una demanda general que excedía el tope anual reglamentario. El DHS informó que el período de tramitación, tanto para la visa T como la U, descendió en el año fiscal 2014.

En 2014, un programa del DOS reunió a 327 familiares con víctimas de trata identificadas en los Estados Unidos, un aumento de 240 en el año fiscal 2013 y de 209 en el año fiscal 2012. Este programa prestó asistencia a cinco sobrevivientes para regresar a su país de origen. El DOS aportó $724.893 en al año fiscal 2014 para apoyar este programa.



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