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«ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Nivel 1 Los Estados Unidos son un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, transgéneros y niños, tanto ...»

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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Nivel 1

Los Estados Unidos son un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres,

transgéneros y niños, tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros, víctimas

de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados. La trata

puede ocurrir tanto en las industrias lícitas como ilícitas, entre las que se incluyen,

actividades de comercio sexual, hostelería, personal de ventas, agricultura, industria

fabril, servicios de limpieza y mantenimiento, construcción, astilleros, restaurantes, atención de la salud y cuidado de ancianos, servicios en salones de belleza, ferias y parques de atracciones, venta de puerta en puerta, mendicación y servicios domésticos. Se detectaron personas que, habiendo ingresado a los Estados Unidos tanto en condición migratoria regular como irregular, fueron víctimas de la trata de personas, entre ellas, personas que participaron en programas de visa para trabajadores temporales que satisfacen las necesidades de mano de obra en muchas de las industrias que se describen anteriormente. Funcionarios gubernamentales, compañías y ONG han expresado su preocupación con respecto al riesgo de la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro, incluido en contratos federales.

Las víctimas provienen de casi todas las regiones del mundo; los tres países principales de origen de víctimas que el gobierno federal detectó en el año fiscal 2014 fueron los Estados Unidos, México y Filipinas. Las poblaciones especialmente vulnerables en los Estados Unidos incluyen: los niños que se hallan en los sistemas de protección de menores y de justicia juvenil, los jóvenes fugitivos y sin hogar, los niños que trabajan en la agricultura, los indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska, los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos extranjeros en residencias de diplomáticos, los empleados de comercios en comunidades étnicas, las poblaciones con dominio limitado del idioma inglés, las personas con discapacidades, las poblaciones rurales, y las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Algunos ciudadanos estadounidenses se dedican al turismo sexual de menores en el extranjero.

El Gobierno de los Estados Unidos cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. El gobierno federal continuó investigando y enjuiciando la trata tanto sexual como laboral, y mantuvo índices altos de procesamiento judicial.

También continuó prestando varios tipos de servicios especializados a un mayor número de víctimas de trata, así como varios tipos de ayuda migratoria para las víctimas extranjeras, incluso una vía para obtener la ciudadanía. La labor de prevención incluyó una enmienda a la Reglamentación Federal de Adquisiciones para fortalecer las protecciones contra la trata en los contratos federales. Persisten algunos desafíos: algunas ONG continuaron expresando preocupación en el sentido de que los funcionarios gubernamentales no han elegido sistemáticamente un método centrado en la víctima. Algunas víctimas de la trata, entre ellas personas menores de 18 años de edad, fueron detenidas o enjuiciadas por funcionarios estatales o locales por actividades delictivas relacionadas con su situación de víctimas de la trata de personas, a pesar de las leyes de “refugio seguro” de algunos estados o de la normativa federal que estipula que las víctimas no deben ser penalizadas exclusivamente por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de ser objeto de la trata de personas.

Recomendaciones para los Estados Unidos Alentar la adopción de políticas centradas en la víctima en los ámbitos estatal y local para cerciorarse de que las víctimas, incluidos los niños, no sean castigados por delitos cometidos como resultado directo de ser víctimas de la trata; apoyar la vivienda adecuada para niños víctimas de la trata que garantice su salud y seguridad mental y física; aumentar los procedimientos de control para detectar a personas víctimas de trata entre los jóvenes en situación de riesgo, individuos detenidos, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables; procesar enérgicamente la trata laboral; obtener información de los sobrevivientes para mejorar la capacitación, los programas y las políticas; garantizar que se solicite restitución para las víctimas de trata; fortalecer la labor de prevención, entre lo cual se incluye abordar la demanda del comercio del sexo; participar activamente en iniciativas basadas en la cultura que fortalezcan la coordinación entre los sistemas de justicia penal y los servicios sociales en nombre de los indígenas estadounidenses víctimas de la trata de personas; garantizar que los funcionarios federales de las fuerzas del orden soliciten, sin demoras, Presencia Continua para las víctimas que cumplan con los requisitos para ello y que los funcionarios estatales y locales de las fuerzas del orden reciban capacitación en el tema; aumentar la capacitación, con inclusión de las zonas insulares de los Estados Unidos sobre los indicadores de la trata de personas y el método centrado en la víctima para los funcionarios encargados de la justicia penal y juvenil, funcionarios de los juzgados de familia, inspectores laborales, funcionarios consulares, entidades de servicios sociales y protección al menor y los primeros socorristas; proporcionar enlaces a comunicados de prensa sobre casos federales de trata de personas en un lugar único en internet y apoyar los nuevos estudios de investigación sobre trata en lo que concierne a personal diplomático, militar, de mantenimiento de la paz y otras formas de complicidad oficial.





Enjuiciamiento El gobierno de los Estados Unidos mostró avances en la labor de aplicación de la ley contra la trata de personas. La Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000, y sus enmiendas, prohíbe todas las formas de trata de personas. Además de tipificar estos actos como delitos, la legislación estadounidense prohíbe la conspiración y los intentos de infringir estas disposiciones, así como la obstrucción de su aplicación y la obtención de provecho económico por medio de esos actos. Los enjuiciamientos por trata sexual relacionada con niños no exigen pruebas del uso de fuerza, fraude o coerción. Una ley penal sobre fraude con respecto a la mano de obra extranjera prohíbe el uso de fraude para reclutar trabajadores para trabajos realizados en los Estados Unidos, o en cualquier otro lugar con un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos, en propiedades o instalaciones militares estadounidenses. Las sanciones recomendadas por estas leyes son lo suficientemente rigurosas y se equiparan a sanciones estipuladas para otros delitos más graves: las sanciones van hasta la cadena perpetua. El Congreso estadounidense introdujo varios proyectos de ley en 2014 y 2015 que se refieren a la trata, y en septiembre de 2014, se promulgó la Ley para prevenir la trata sexual y fortalecer la familia. Esta ley, entre otras cosas, enmienda un programa federal de cuidado en hogar substituto para abordar la trata de personas.

Las entidades federales encargadas de investigar y procesar los delitos de trata continúan siendo las que se describen en la narrativa del Informe de Trata de Personas de 2014. El período de ese informe marcó la culminación de la Fase I de la Iniciativa del Equipo de Coordinación contra la Trata (ACTeam, por sus siglas en inglés) lanzada en 2011 por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), que lograron racionalizar las investigaciones y procesamientos judiciales sobre la trata de personas. Una evaluación interna de los Distritos de ACTeam encontró un considerable aumento de fallos condenatorios por trata relacionados con trabajo forzoso, trata sexual internacional y trata sexual de adultos por la fuerza, con fraude o coacción. El DOJ financió 14 equipos de tareas de lucha contra la trata del Modelo de Colaboración Mejorado, que comprenden fuerzas del orden de los ámbitos federal, estatal y local.

Durante el período que abarca el informe, el DOL fortaleció su mecanismo para detectar y remitir posibles casos de trata a los socios de las fuerzas de la seguridad, según corresponda.

El gobierno federal presenta los datos policiales por año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre). En el año fiscal 2014, el Servicio de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional informó que se habían abierto 987 investigaciones probablemente relacionadas con la trata de personas, un descenso con respecto a las 1.025 investigaciones del año fiscal 2013.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió formalmente 835 investigaciones sobre trata de personas, un aumento con respecto las 734 investigaciones del año fiscal 2013, y los equipos de tareas del Modelo de Colaboración Mejorado (ECM) del Departamento de Justicia iniciaron 1.083 investigaciones. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que se abrieron 154 casos relacionados con trata de personas en todo el mundo durante el año fiscal 2014, un descenso con respecto a los 159 casos del año fiscal

2013. El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) informó que se investigaron 14 casos relacionados con la trata de personas relacionados con personal militar, un aumento de nueve casos con respecto al año fiscal 2013.

El DOJ procesa los casos de trata de personas por medio de las 94 Fiscalías Generales de los Estados Unidos y de las dos unidades especializadas que prestan servicios a los expertos del DOJ, sobre el tema, en todo el país. En conjunto, el DOJ inició un total de 208 causas federales por trata de personas en el año fiscal 2014, habiendo imputado a 335 acusados. De estas causas, 190 se vinculaban mayormente con trata sexual y 18 de ellas con trata laboral, aunque algunas incluyeron ambos delitos. Estas cifras representan un aumento con respecto al año fiscal 2013, durante el cual el DOJ presentó 161 causas, e imputó a 253 acusados.

Durante el año fiscal 2014, el DOJ obtuvo condenas contra 184 tratantes, en comparación con las 174 condenas obtenidas en el año fiscal 2013. De ellas, 157 estuvieron relacionadas, en su mayoría, con la trata sexual y 27 se relacionaron con la trata laboral, aunque algunas de ellas comprendían ambos delitos. Estas cifras no incluyen casos de trata sexual de menores presentados en virtud de otras leyes, aparte de las leyes contra la trata de personas. Las sanciones impuestas a los tratantes que recibieron fallos condenatorios oscilaron entre cinco años y cadena perpetua.

Por primera vez, el gobierno utilizó una disposición de jurisdicción extraterritorial de la ley para declarar culpable a un tratante por un delito de trata sexual que tuvo lugar en otro país.

Las ONG solicitaron datos más específicos y de más fácil acceso sobre procesamientos de trata en los ámbitos federal, estatal y local y una mayor priorización de los enjuiciamientos por trabajo forzoso. Un informe financiado por el gobierno federal señaló que, en algunos casos, los organismos de las fuerzas del orden tuvieron dificultad en reconocer la trata laboral y distinguirla de otras formas de explotación laboral e infracciones en el entorno laboral, y que la voluntad de las víctimas de identificarse y cooperar con la policía varió según el nivel de confianza que los agentes de la policía establecieron con las posibles víctimas y los proveedores de servicios para víctimas.

Ciertas ONG expresaron preocupación de que los fiscales federales no hubieran solicitado enérgicamente restitución obligatoria para las víctimas de trata. Un informe de una ONG publicado durante el presente período de informe señaló que, entre 2009 y 2012, los tribunales federales ordenaron restitución solamente en el 36 por ciento de los casos y que las víctimas de la trata laboral tuvieron considerablemente mayores posibilidades de obtener restitución que las víctimas de la trata sexual, habiendo recibido casi cinco veces más en restitución. El informe señaló que, si bien muchos fiscales tratan de obtener restitución, no está claro cuándo se le debe restitución a una víctima de trata sexual ni en qué razones se basa la restitución debida, y los intentos de obtener restitución pueden fallar en los casos en que las víctimas prestaron servicios que son ilegales.

El gobierno demostró resultados en cuanto a abordar la complicidad oficial en el ámbito tanto federal como estatal. El gobierno denunció por lo menos cuatro casos nuevos de complicidad de funcionarios gubernamentales en la trata de personas. Un miembro del ejército fue arrestado con el cargo de trata sexual de una persona de 17 años de edad. Un miembro de la armada fue arrestado en Hawái acusado de trata sexual de un menor de 16 años de edad. Otro miembro de la fuerza naval fue investigado por denuncias de trata sexual de menores y fue sentenciado en Virginia a cinco años de cárcel por delitos de menor grado. Un tercer miembro de la armada fue sentenciado por varios delitos, entre ellos, proxenetismo, a diez años de cárcel en California por usar a un niño para actos sexuales con fines comerciales donde participaron también otros seis miembros de la armada en servicio activo. El gobierno progresó en los casos mencionados en el Informe de Trata de Personas del año anterior. Un oficial de policía del Distrito de Columbia fue sentenciado a siete años de cárcel por explotar a niñas en actividades relacionadas con la prostitución y, en Texas, un oficial probatorio de menores fue declarado culpable de trata sexual.

Estos cuatro fallos condenatorios de oficiales representan un aumento con respecto a los dos del año anterior.

Además de las leyes federales, las leyes estatales forman la base de la mayoría de las acciones penales, por lo cual la aprobación de leyes estatales contra la trata es fundamental para institucionalizar el concepto de servicio involuntario para la masa de funcionarios policiales locales. Un informe de una ONG en 2014 señaló mejoras en las leyes estatales contra la trata en los últimos años, pero observó que el financiamiento necesario para garantizar la puesta en práctica de esas leyes era una dificultad. El informe también señaló que todavía se necesitan leyes estatales que presten asistencia y protejan de manera integral a las víctimas de la trata de personas.



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