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«Documento de Trabajo N° 114 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Página |2 Este ...»

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“Prácticamente no nos gusta involucrarnos por el tipo de gente peligrosa, entonces la alcaldía es la que toma cartas sobre el asunto… porque, me da temor. En cualquier momento ellos caminan con su machete armados, yo ni con pistola, ni con machete y nada. Y en cualquier momento ellos son gente que me puede hasta linchar, dar un machetazo. Mejor evito y le dejo la responsabilidad a la policía y a la alcaldía” (Durley González, productor afectado por güiriseros ilegales en San Pedro de Lóvago).

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El cuadro 12 muestra que el principal motivo de las denuncias fue la preocupación por el daño ambiental, principalmente en Estelí donde el 85% de las denuncias mencionaron ese motivo, esto está ligado con la organización para combatir los incendios forestales; el segundo motivo principal es la afectación directa que fue el más nombrado en los tres municipios restantes. En el caso de las quemas los productores denuncian solo si les daña la infraestructura de sus fincas.

“Cuando no les afecta no se mueven, si les afecta sí van” (Enrique Gonzalez, Productor denunciante de quema en San Pedro de Lóvago).

Igualmente se constató que en la mayoría de los casos no existen vínculos entre el denunciante y el denunciado, solo en San Pedro de Lóvago se dieron problemas entre familiares colindantes, por quemas que dañaban la infraestructura de la finca. En esos casos la alcaldía fungió como mediador en la negociación para el reconocimiento de los daños.

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Según los estudios de caso, en el territorio lechero la mayoría de los denunciantes eran finqueros medianos y grandes que conocían sus derechos y exigían el apoyo de la alcaldía. Algunos de los conflictos fueron entre finqueros y otros entre finqueros y personas sin tierra, como el caso de los güiriseros que contaminaban el agua donde bebía el ganado o el de una tortillera que cortó un árbol para leña.

5.1. Perfil de los denunciados En el cuadro 13 se observa que en el 37% de las denuncias no se pudo definir quién originó el daño, por ese motivo no se conoce el perfil de esos denunciados. Normalmente eso se daba en las quemas, los dueños de las tierras donde se dio la quema decían que no sabían quien había originado la quema.

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En el cuadro 14 se observa la tenencia de activos de los denunciados, en total hay un 35% de los denunciados a los que no fue posible completar el perfil de activos, ya que en algunos casos la denuncia no menciona a personas responsables o los que provocaron los incendios. En esos casos los denunciantes no pudieron constatar los autores del delito ambiental.

“Pero el hombre que viene a poner la denuncia no dice nombres porque eso crea conflictos, esa información es fidedigna, es gente que te habla y te dan información pero no dan nombre, fíjese que en tal parte, en la comarca tal, en la finca tal hubo un despale de tantas manzanas o quemas, corte ilegal de madera preciosa, a veces no te dan nombre” (Vidal Aragón Técnico de la Unidad Ambiental Municipal de Villa Sandino).

En Condega y en San Pedro de Lóvago más del 40% de los denunciados son ganaderos, en San Pedro de Lóvago hay un 30% que son personas sin tierra denunciados por cortes de árboles o extracción de materiales. Además solo en el territorio lechero hay grande propietarios denunciados normalmente por problemas de quemas.

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5.2. Resolución de las denuncias

Las denuncias tienen varias salidas:

1) En el 10% se hizo un llamado de atención o una notificación para que el caso no se repita.

2) En el 14% se aplicó una sanción basándose en las ordenanzas municipales o en el reglamento de la institución reguladora que procede bajo un proceso administrativo que aplica la Procuraduría. Normalmente las sanciones son multas que se pagan en las alcaldías, y en el caso de los ministerios como MAGFOR, MARENA e INAFOR se pagan en la Dirección General de Ingresos (DGI). En el caso de INAFOR sanciona además con el decomiso de la madera que es subastada y el ingreso va a la DGI.

3) En el 8% hubo un acuerdo entre las partes, entre el denunciante afectado y el que provocó el daño, quien asume los costos de los daños ocasionados.

4) En el 29% se levantó un proceso penal por delito ambiental que pasa a la Policía Nacional amparado en la Ley sobre Delito Ambiental No.559.

5) En el 10% no se procedió en ninguna de las vías antes mencionadas.

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Al comparar los territorios se aprecia que donde hay menos denuncias y donde no se aplican medidas es en Villa Sandino. De las únicas 7 denuncias presentadas durante los 5 meses de registros, el 72% no procedió ni siquiera para llamados de atención porque fueron consideradas sin fundamentos. Mientras que en San Pedro de Lóvago fue la alcaldía que más aplicó sanciones, en el 35% de las denuncias, que equivalen a 7 sanciones, de las cuales 3 fueron multas entre C$500 y C$1,000 por la extracción de materiales del río y las otras 4 fueron decomiso de la madera.

En Condega fue donde se dio mayor cantidad de notificaciones, en el 80% de los casos y en Estelí en el 65% de sus denuncias pasaron a la policía, aunque muchos no pasan de ahí, como el caso de un productor que lo encontraron quemando infraganti y nunca fue procesado.





5.3. Denuncias por incendio forestales y quemas de potreros o rastrojos Según las instancias involucradas en el cuido del medio ambiente, las alcaldías, el MAGFOR, INAFOR y MARENA, los incendios forestales son provocados por las quemas de potreros para la ganadería y la quema de rastrojos para la siembra de granos básicos.

La lucha por controlar las quemas en el territorio lechero se basa en planes de capacitación a productores que se imparten año tras año en las comunidades donde hubo mayor incidencia de quemas (Dax Sánchez, Técnico Unidad Ambiental Municipio de Santo Tomás), algo que consideran que ha dado resultado

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porque han disminuido considerablemente los puntos de calor mayores a una hectárea que registra el Sistema Nacional de Información Ambiental de Nicaragua (SINIA) (Elber Baez Coordinador Departamental del Área Técnica del MAGOR-Juigalpa).

En el caso de Estelí y Condega la lucha por controlar las quemas se basa en la utilización de ordenanzas como instrumento de regulación. La diferencia entre estos dos municipios es que Estelí por poseer 5 áreas protegidas tiene un sistema más sofisticado de monitoreo de los incendios, con radios que se ubican en las comunidades y dan aviso al puesto de mando de la defensa civil del Ejército que se encuentra ubicado en la alcaldía.

“En cuanto a los incendios forestales también se trabaja mancomunados con todos los actores, principalmente en los primeros días, a finales de diciembre y enero se hace un plan contingente de incendio forestal derivado de la ley 337 sobre la gestión del riesgo y de prevención de desastres (Gobierno de Nicaragua, 2000), se hace municipal y departamental, todo el municipio cuenta con comisión de incendios forestales para la prevención” (Marlon Valdivia- Técnico INAFOR - Estelí).

Todas las instancias involucradas están de acuerdo que no hay permiso para quemar potreros y se es consciente que hay pocas sanciones a los productores que queman, principalmente porque no se puede demostrar la autoría del hecho, ellos alegan que no fueron los que iniciaron el fuego en su propiedad y no hay forma de probar lo contrario.

“Un productor puede quemar y decir yo no fui, voy a ir a poner la denuncia.

Esa es la investigación policial, nosotros ya no nos metemos ahí. Si la policía ya nos puede seguir de oficio no sigue, pero nadie los sigue porque la policía en el aspecto ambiental no le para mucha pelota... En una finca como de unas 200 manzanas para pasto, le hicieron el favor al quemarle a ese productor de apellido Bravo. O se hizo el favor, nunca se sabe, habría que ver, porque las cuestiones investigativos es la policía. Nosotros lo que hacemos es presencia nada más y algunas multas conforme las ordenanzas, porque tienen que ser como casos específicos, no que nosotros tenemos que andar como investigando, eso le compete a la policía” (Vidal Aragón, Técnico de la Unidad Ambiental Municipal de Villa Sandino).

En muchos casos las denuncias son anónimas, se hace la inspección por parte del técnico de la Unidad Ambiental de la alcaldía, se hace el informe y se notifica al técnico territorial del MAGFOR. Normalmente hasta aquí llega el procedimiento porque hacen falta pruebas para proceder por vía administrativa o por la vía penal. Para aplicar la ley se requiere de un acusador y ningún vecino llegará hasta las últimas consecuencias en un proceso penal, porque implica

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arriesgar sus relaciones sociales y su seguridad. Las instancias no pueden actuar de oficio porque los casos se caerían más fácilmente por falta de pruebas.

“…pero se nos ha quedado porque faltan pruebas administrativamente y por la parte de delitos ambientales que es por el código penal, esa parte es donde estamos un poco débiles porque también se sabe que son personas que llegan a ponerle un fósforo, es difícil detectarlo en el momento, tal vez las personas que están en la comunidad les da miedo decir, porque tal vez la persona que pudo provocar el incendio la puede agarrar con ellos, hay muchos factores, entonces nadie te va a decir fue fulano, porque si no tienes pruebas suficientes no puedes ir acusar a nadie” (Jenin Legall, Técnico de la Unidad Ambiental Municipal de Estelí).

Existen diferencias en los interesados en quemar según los usos que hacen de la tierra y los árboles; los ganaderos están interesados en quemar para disminuir costos, así no tienen que para pagar mano de obra en el mantenimiento de potreros, porque tienen que chapear grandes extensiones de tierra.

“Hay un señor que quema año con año, Don Luis Napoleón, él no invertía en chapias, lo único que gastaba era un palo de fósforo, tiene como diez fincas. El INAFOR lo sancionó, pero no sé cuánto fue la multa que le pegaron, este año quemó pero fue más al suave, le gusta la quema, es más barato, no quiere pagar mano de obra, y cuando vos quemas ese potrero te rebota más rápido, levanta más rápido con la primera lluvia” (Jairo Argüello, Técnico de la Unidad Ambiental de San Pedro de Lóvago).

Los pequeños agricultores queman para sembrar granos básicos, pero son los que están más controlados. En Condega mencionan que los productores que piden permiso cumplen con el control de la quema.

“En los últimos tres años las quemas han sido pocas, hacen la quema bastante controlada, la gente que pide permiso cumple, yo le he monitoreado y he dado seguimiento” (Eddy Calero, Técnico MAGFOR Condega).

Los dueños de bosques y madereros donde es prohibido explotar la madera queman para luego sacar la madera que queda en buen estado, de manera que eso incentiva los accidentes que provocan los incendios.

“Después de la quema forestal te permiten cortarlo e inmediatamente comercializarlo, recién quemado, si el árbol se quema un 70% ya no sirve, menos de eso de acuerdo a los parámetros del MARENA es factible su utilización comercial incluso hasta que se puede regenerar. Nosotros no podemos venir a darles premios. Todo aquel que preservó el bosque aun estando la veda, pero no generó incendio, cuidó, autorícenlo. Pero al que quemó, no. Una cosa es como pensamos nosotros que vivimos en constante manejo de riesgo, otra cosa es lo

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que maneja el INAFOR, que dice sí o no, el MARENA y hay otros varios actores que a la larga a lo mejor ahí lo podemos diluir en el camino, porque hay diferente enfoques e intereses” (Teniente Coronel Alvaro Castillo –Defensa Civil– Estelí).

En ambos territorios hay actores poderosos que escapan del control de las instituciones. Tanto en el territorio lechero como en Estelí es difícil hacer cumplir las leyes.

“Yo soy sincero y estaba bien molesto y un día me salí de la reunión porque yo les dije que habíamos hallado al dueño de la propiedad, primero él nos dijo que estaba tratando de apagar el incendio pero después cuando nosotros estábamos trabajando el incendio de oeste a este él se movió en la camioneta con sus 10 trabajadores y él nunca pensó que nosotros les íbamos a salir con el ejército por el otro lado y él estaba pegando fuego en otra área que no tenía por qué pegar fuego si el viento estaba de oeste a este. Por lógica sabemos que no le podes pegar fuego ahí, no le va a servir el contra fuego, entonces le pusimos la denuncia con nombre y apellido. Habíamos unos 21 testigos y no pasó nada, te estoy hablando de 21 que son 20 el Ejército y yo, todavía los 10 y 15 campesinos que estaban trabajando con nosotros, después no pasa nada” (Jenin Legall, Técnico de la Unidad Ambiental Municipal de Estelí).

Los actores que luchan por controlar las quemas están conscientes que quemar cada cierto tiempo sirve para el manejo del bosque con un fuego rastrero controlado, para eliminar material de combustión y evitar que se produzcan incendios agresivos. También quemar una vez cada tres años los pastos y el rastrojo es necesario para disminuir residuos. Pero si se hace año con año en un determinado tiempo no van a crecer ni pasto ni cultivos, solo crecerá maleza y la tierra no va a tener nutrientes porque el fuego mata los organismos que viven en la tierra.

En conclusión, las quemas como práctica productiva aun es muy utilizada y el esfuerzo de las instancias que trabajan por controlar las quemas presenta muchas debilidades para ser efectivas, no obstante se ha visto cambio, disminución de las quemas en ambos territorios, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para disminuir el daño a los suelos y a los bosques. En ambos territorios se ha trabajo para disminuir las quemas, pero solo en Estelí y Condega hay un compromiso más explicito de las alcaldías de combatir este problema con ordenanzas.

Gómez, L. y Buitrago, R.

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