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«Documento de Trabajo N° 114 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Página |2 Este ...»

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En el cuadro 5 se aprecia que el 100% de las solicitudes del territorio lechero fueron realizadas por personas individuales; solo en el 13% de las solicitudes de Condega y en el 14% de las solicitudes de Estelí fueron hechas por líderes comunitarios, siendo un reflejo del nivel organizativo que hay en esos territorios, que se expresa en que una de las funciones de la organización comunitaria es avalar y facilitar las gestiones de permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales; sin ese aval no proceden las solicitudes. Los recursos solicitados de forma comunitaria en Condega es la madera para uso local y el agua para riego de cultivos, y en el caso de Estelí es la extracción de árboles en áreas protegidas para el saneamiento de los bosques infestados con la plaga del gorgojo descortezador y la extracción de arena en el río.

Gómez, L. y Buitrago, R.

Programa Dinámicas Territoriales Rurales P á g i n a | 25 La mayoría de los recursos naturales que se demandan están en propiedad privada; no obstante, el 5% de las solicitudes de Condega y el 24% en Estelí son para utilizar recursos naturales que se encuentran ubicados en propiedad pública, estas son áreas protegidas y ríos.

Solo el 19% de las solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales fueron interpuestas por mujeres. Ese resultado se explica en parte en que las mujeres no tienen control de los activos (Rodríguez et al. 2011), pero entre los solicitantes el 25% son sin tierra, por lo tanto, es de considerar que la baja participación de las mujeres también se deba a los sistemas de género de los territorios rurales de Nicaragua, los cuales asignan a los hombres las gestiones que se realizan en la vida pública, exceptuando aquellas que tienen que ver con salud y educación de los hijos, que son designadas más frecuentemente a las mujeres.

Llama la atención que los solicitantes de aprovechamiento de los recursos naturales el 85% en Condega y el 52% en Estelí viven en la comunidad; mientras que en el territorio lechero la mayor parte de los que solicitan el aprovechamiento de los recursos naturales viven fuera de la comunidad (76% y 69%).

Ese hecho puede ubicarlos en un lugar con puntos de vista propios respecto al cuidado de los recursos naturales. Esta situación en más generalizada en el territorio lechero donde muchos de los propietarios de tierra tienen varias fincas que las dejan con cuidadores y ellos residen en las ciudades.

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En el cuadro 6 se observa la posesión de activos de las personas que llegaron a solicitar permisos de aprovechamiento de los recursos naturales. En el territorio lechero, el 74% de los que se acercaron a la alcaldía de San Pedro de Lóvago a solicitar permisos, son ganaderos; y en Villa Sandino, el 54% son grandes productores. En contraste, en el otro territorio hay un alto peso de los sin tierra y de los pequeños productores; en Estelí el 67% de las solicitudes fueron hechas por personas sin tierra y en Condega el 65% de las solicitudes fueron realizadas por pequeños propietarios de tierra. Esta diferencia en los tipos de actores que predominan como solicitantes del aprovechamiento de los recursos naturales está relacionada a la diferencia en la estructura de tenencia de la tierra de ambos territorios.

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Los productores que acuden a la alcaldía para solicitar permisos mencionan que lo hacen por dos razones: porque es la instancia que conocen o para evitarse problemas.

“... corríamos peligro porque nos podía caer una rama encima, el árbol estaba enfermo. Yo no sabía dónde me podía acercar, entonces me fui a la alcaldía a preguntar” (Asunción Calero, pequeño productor de Condega).

“Hay una serie de leyes de carácter ambiental y nosotros sabemos que hay árboles que están vedados, uno necesita sacar permiso para cualquier cantidad de madera que uno pueda necesitar en la finca… va uno a pedir el permiso a la alcaldía para no tener problemas con la policía o con el mismo MARENA” (Luis González, productor de San Pedro de Lóvago).

Sobre los productores que no piden permisos se menciona que es por desconocimiento o porque piensan que no los van a agarrar.

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“la gente viene a su finca y como no sabe a qué problemas se puede meter, entonces ellos cometen el error de botar los árboles sin pedir permiso, aunque uno considere que son de uno. Esa es la principal consideración, esto es mío, está en mi finca” (Luis Gonzalez, productor de San Pedro de Lóvago).

Los procedimientos para las solicitudes de aprovechamiento cambian según el recurso a utilizar –agua, árboles o suelo– y frecuentemente hay diferentes niveles de decisión y traslape de funciones entre las autoridades nacionales y territoriales que compiten en algunos casos por quién tiene la autoridad y en otros casos trabajan de manera más colegiada.

La ley 217 sobre medio ambiente establece que el órgano rector para la gestión de los recursos naturales en Nicaragua es el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA), luego hay otros órganos rectores a nivel nacional especializados para cada tipo de recurso. En el caso del agua es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el caso del suelo para usos agropecuarios es el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y en el bosque es el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), a nivel nacional la máxima instancia de coordinación es el gabinete de gobierno, donde participan los Ministros.





A nivel territorial cada ministerio tiene delegados distritales o departamentales, esas delegaciones se encuentran en las cabeceras departamentales, en los casos de estudio en Juigalpa para el territorio lechero y en Estelí para el territorio ganadero/cafetalero de Estelí/Condega. Esas delegaciones funcionan con técnicos que atienden los municipios. Solo el ANA no tiene aun conformados sus órganos territoriales que funcionarán como comités de cuencas. En los municipios hay las unidades ambientales municipales y las instancias de coordinación municipal donde participan los técnicos, como se explicó anteriormente.

La cantidad de solicitudes de aprovechamiento que recibió la alcaldía de Estelí fueron pocas comparadas a los otros municipios, debido a que es cabecera departamental y en esta se ubican las oficinas de MARENA e INAFOR; mencionaban que la mayoría de las solicitudes de aprovechamiento llegan directamente a esas instancias y no a la alcaldía. Siendo los pobladores con menos recursos los que visitan la alcaldía para pedir apoyo en este tipo de gestión, ya que es la institución más conocida. Los otros municipios atienden las solicitudes únicamente en las alcaldías a través de las unidades ambientales y si es necesario remiten los casos a los técnicos de INAFOR y MARENA. En la mayoría de los municipios los técnicos despachan (atienden los casos) una vez a la semana desde las oficinas de las alcaldías pero se han dado casos donde a partir del actual gobierno, si la alcaldía no es afín al partido político del gobierno nacional, los técnicos de INAFOR deben atender las solicitudes desde las oficinas del

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partido FSLN donde está el Poder Ciudadano en vez de hacerlo desde la alcaldía. En el caso de Estelí y Condega no está ese problema, porque pertenecen al partido de gobierno pero en San Pedro de Lóvago y Villa Sandino son del partido de oposición, así que es un elemento que también incide en la poca coordinación que existe actualmente entre las alcaldías y las delegaciones ministeriales.

4.1. Aprovechamiento de los recursos forestales En el cuadro 8 se pueden observar las diferencias en las prácticas institucionales de las municipalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales estas son: i) las tarifas de cobro por los avales, por inspección y por árbol, solo la alcaldía de Condega no cobra por este servicio y la alcaldía de Villa Sandino es la que tiene los costos más altos; ii) el aval de la comunidad solo lo piden en Estelí y Condega, ya que en Villa Sandino y San Pedro de Lóvago no es parte del procedimiento; iii) el nivel de coordinación entre las alcaldías y las delegaciones ministeriales.

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Solo en Estelí se dieron casos de saneamiento y tienen los mismos Saneamiento de procedimientos de aval e inspección. El pago por permiso fue más bosque caro de C$500, de los 5 saneamientos 2 fueron solicitados por comunitarios y 3 por individuos.

Fuente: registro de solicitudes de aprovechamiento de RRNN y entrevistas.

Además se constató que hay competencia por la autoridad sobre los recursos naturales entre los gobiernos locales y los ministerios rectores a nivel nacional.

En el periodo de estudio se presentó un conflicto de esta índole entre INAFOR y la alcaldía de San Pedro de Lóvago, debido a que esta última estableció una ordenanza que fue considerada fuera de sus atribuciones.

La ordenanza aprobada por la alcaldía de San Pedro de Lóvago establece un procedimiento para el corte de árboles para uso local que corresponde a la cantidad que la ley le permite a cada propietario anualmente, el productor debe presentar una solicitud de inspección por escrito a la alcaldía con el objetivo de que se haga una evaluación técnica del corte del árbol, que no sea de la madera que está en veda o que esté dañado. La persona que realice la actividad del corte del árbol, deberá tener inscrita la motosierra en el registro municipal, lo que significa un impuesto municipal. Las sanciones por no realizar este procedimiento, si son sorprendidos realizando esta actividad, es pagar una multa de C$500.00 (US$25) más el decomiso de la madera.

“Nosotros con la policía capturábamos a ciertas personas con madera ilegal, llamábamos a INAFOR y ellos inmediatamente estaban en el lugar. Pero yo les hice muchas denuncias, se las mandaba en una carta a la propia delegada del INAFOR, por ejemplo, hay un caso de un señor que derribó una montaña, ahí habitaban animales, monos y todo eso. La carta se entregó a INAFOR y no mandaron a nadie a hacer inspecciones ni nada. Es a partir de ahí que nosotros como alcaldía y el concejo municipal aprobó una ordenanza para aquellas personas que soliciten el aprovechamiento de madera de forma legal y se establece el decomiso de aquellas personas que lo hagan de forma ilegal. …. Cuando INAFOR se dio cuenta, se dejó venir la delegada, la fiscalía, ahí sí vinieron todas las entidades competentes. El alcalde le explicó a la delegada y le hizo saber de que sus técnicos no se aparecían por el municipio, yo le hice saber también a ella que yo había tenido muchas denuncias de madera, yo supuestamente coordinaba con el técnico y me decía voy a llegar tal fecha y no llegaba.

Hay un artículo en la ley 462 que establece que INAFOR es la única entidad competente en materia ambiental para hacer sus actuaciones, aplicar sancio

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nes y decomisos. Por eso no estaban de acuerdo y ellos le hicieron saber al alcalde de que coordinaran mejor MARENA, INAFOR, ALCALDIA, dejaron claro que ellos tienen el derecho total de la madera. Lo que nos iba a ceder INAFOR era la autorización de permisos menores, para eso se iba a firmar un acuerdo, pero nosotros como alcaldía lo hemos estado dando, sin autorización de INAFOR, porque nosotros sabemos que para eso estamos, la UAM es quien hace las inspecciones y cuida prácticamente los recursos, porque MARENA e INAFOR están en Juigalpa y quien vela por nuestro municipio somos nosotros, la alcaldía” (Jairo Argüello, Técnico de la Unidad Ambiental de la alcaldía).

La delegada de INAFOR confirmó que el conflicto lo generó el decomiso de madera, ya que solo INAFOR puede retener madera. Mencionó que el acuerdo de dar permisos menores es algo que usualmente se hace con las alcaldías aunque hay casos donde consideran que hay abusos y por eso no se puede dar esas atribuciones abiertamente.

“Algunos argumentan que son los alcaldes los que mandan en este municipio.

Pero siempre nosotros les hacemos ver que la parte forestal es muy delicada y por eso es INAFOR la única entidad que puede dar permisos” (Miriam Lazo, Delegada Departamental de INAFOR).

INAFOR acepta que está establecido que para gestionar permisos de extracción de madera comercial debe haber un aval de la alcaldía y de un regente forestal. En el caso de la madera para uso local, los productores tienen derecho de utilizar 10 metros cúbicos anuales para reparar sus cercas, hacer corrales de reglas, componer sus fincas y sus casas, eso equivale a 5 o 6 árboles según el grosor.

Para realizar el corte de la madera para uso local las alcaldías otorgan ese permiso para botar hasta 4 árboles, hacen una inspección para observar que los árboles que van a cortar no estén cerca de una fuente de agua, no estén cerca de un cauce y que no sean árboles en veda. Además hacen un estimado si son diez metros cúbicos. No obstante, al preguntarles a INAFOR sobre ese procedimiento de las alcaldías, respondieron de forma que no reconocen esta función como atribución del municipio, sino como una respuesta a la demanda

que hacen algunos productores:

“Puede ser que ellos den permisos pero es que no es tan así, es como nosotros, no es que demos el permiso, pero si vienen acá y nos hacen constatar que el delegado vaya al lugar y que observe que se cumple con los requisitos de distancia de la fuente de agua y cantidad”(Miriam Lazo, Delegada Departamental de INAFOR).

El aval que otorga la alcaldía no es suficiente cuando se trata de trasladar madera de un lugar a otro, aunque sea dentro de la cantidad autorizada por la ley

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para que los productores usen al año, ya que muchos cortan el árbol en la finca y la utilizan en la casa que tienen en la ciudad, así que buscan como transportar la madera de un lugar a otro; INAFOR menciona que con este argumento se ha sacado madera para la venta, de manera que si encuentra traslado de madera solo con el aval de la alcaldía la confiscan.

La coordinación según INAFOR, se da en un Comité Forestal Municipal, aunque a nivel de los territorios ninguna de las instancias lo mencionó con ese nombre.

La instancia que cumplía esas funciones, donde se tomaban las decisiones de forma coordinada es la Comisión Ambiental Municipal. El principal instrumento de coordinación es el sistema de permisos.



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